El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acudirá este miércoles a la sesión de la Corte Suprema que debatirá la legalidad de su orden para limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento, que el republicano quiere negar a hijos de padres indocumentados o con visados temporales.

Esta será la primera vez que un mandatario estadounidense en ejercicio presenciará argumentos orales ante el alto tribunal, que ya en junio de 2025 falló a su favor y levantó los bloqueos en tribunales menores a la controvertida política.

Limitar la ciudadanía automática para hijos de migrantes irregulares fue una de las promesas de campaña del líder republicano, que regresó al poder hace más de un año con una recrudecida política antimigración.

El presidente firmó la orden ejecutiva el mismo día en que asumió su segundo mandato en enero de 2025, aunque esta fue recurrida casi de inmediato en cortes de varios estados.

La decisión del Supremo de escuchar argumentos en este caso significa la revisión de un derecho consagrado en la Enmienda 14 de la Constitución, que desde el siglo XIX garantiza la ciudadanía estadounidense a las personas nacidas en el territorio.

Trump ha defendido su posición diciendo que esta legislación se aprobó tras la guerra civil (1861-1865) para proteger a los "hijos de los esclavos" y no para "quienes se toman vacaciones para obtener la ciudadanía" estadounidense.

En junio pasado, la mayoría conservadora de la Corte (6-3) respaldó a Trump en su petición de levantar los bloqueos emitidos por jueces en Maryland, Washington y Massachusetts, quienes determinaron en decisiones separadas que el presidente no tiene la autoridad de cambiar o restringir la Constitución.

Entonces, el Supremo no decidió sobre la constitucionalidad de la orden ejecutiva de Trump, sino sobre la jurisdicción de los juzgados menores y la legalidad en sus decisiones de bloquear a nivel nacional una orden del Ejecutivo.

Expertos legales, defensores de los derechos humanos y detractores del mandatario han cuestionado esta limitación, porque señalan que la ciudadanía por nacimiento es un derecho constitucional que no puede ser derogado por una orden presidencial.

Unos 255.000 niños al año podrían verse afectados si la Corte Suprema se pone de lado de Trump y reafirma las limitaciones a la ciudadanía por nacimiento, según un estudio del Migration Policy Institute.

Aunque no asistieron a sesiones en el ejercicio de su cargo, varios presidentes han estado relacionados con el Supremo. Richard Nixon (1969-1974) defendió un caso ante la corte en 1967 entre su mandato como vicepresidente y presidente, mientras que William Howard Taft ejerció como jefe del tribunal tras su presidencia (1909-1913).