Genera conmoción al país la formal puesta en manos de un tribunal transitorio de una serie de cargos basados en un extenso número de interrogatorios a testigos y de supuestas pruebas sobre lavado de activos, estafa al Estado, desfalco, asociación de malhechores con agravantes y coalición de funcionarios del Ministerio Público que encabezaba Jean Alain Rodríguez (2016-2020).

Las incriminaciones describen adjudicaciones amañadas para construir el gigantesco complejo penitenciario de «Las Parras» para sustituir el infierno penal llamado La Victoria a partir de defraudaciones al tesoro público por más de seis mil millones de pesos, según cálculos preliminares de autoridades.

A la opinión pública, erizada por profusos detalles de un expediente judicial de magnitud sin parangón, le correspondería desde este momento demandar la más fiel aplicación de los procedimientos que fija la ley a los órganos de Justicia para cada caso de esta gravedad hasta llegar a lo definitivamente juzgado sin que nadie resulte injustamente condenado ni escape a sanción mereciéndola.

La connotación política de quienes van camino a las barras de la Justicia no debería usar- se para estigmatizar la acción penal emprendida atribuyendo sin pruebas propósitos ajenos al ideal de justicia ante una sociedad que quiere ver brillar la verdad tras el Ministerio Público haber tratado legítimamente de configurar daños al Estado a ser dilucidados en tribunales.