El Estado dominicano, a través de todos sus poderes públicos, despliega una política deliberada de creación de una masa de ilegales, indocumentados, sin nombre, sin personalidad jurídica y sin derecho a tener derechos.

Con una arbitraria definición legal de lo que es el tránsito en la Ley de Migración, con un precedente constitucional de la Suprema Corte de Justicia que valida esta arbitraria definición legal y que desconoce  decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que los propios magistrados supremos han declarado vinculantes y obligatorias (Resolución 1920-2003), con una inconstitucional Circular del presidente de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral que instruye a los Oficiales del Estado Civil a abstenerse de expedir copias de las actas de nacimiento o cualquier documento relativo al Estado Civil de las personas “con padres extranjeros que no han probado su residencia o status legal en la República Dominicana”, con el cumplimiento de esta directiva ilegal por parte de dichos oficiales y con la reiterada negativa de los tribunales de amparar los derechos de quienes son perjudicados por esta política, nuestro Estado se coloca al margen del ordenamiento internacional de los derechos humanos, de la Constitución y de las leyes dominicanas.

Admitir lo anterior no significa negar el derecho del Estado dominicano de controlar los flujos migratorios al territorio nacional, sancionar a las empresas que utilizan trabajadores ilegales, repatriar ordenadamente a quienes residen ilegalmente en nuestro territorio y aplicar vigorosamente nuestras leyes migratorias. No. Criticar esta política lo que significa es que no se está de acuerdo con violentar el derecho fundamental a la nacionalidad dominicana, el derecho al nombre, el derecho a la identidad y el derecho a disfrutar los derechos que confieren la Constitución y los pactos internacionales de derechos humanos.

Criticar esta política es, por demás, ser pragmático. ¿Qué sentido tiene que el Presidente Leonel Fernández con responsabilidad y valentía reclame a la comunidad internacional el apoyo financiero que por décadas ha negado a la hermana república de Haití si los dominicanos nos mostramos al mundo como una nación dispuesta a renegar del Estado de Derecho con tal de resistir a presión migratoria y no asumir el costo de defender sus fronteras? ¿De qué vale que empresarios dominicanos instalen sus empresas en Haití como una manera de aprovechar las ventajas comparativas de esa nación y, al mismo tiempo, contribuir con la disminución del éxodo de trabajadores haitianos a nuestro territorio, si no podremos sacar provecho de iniciativas similares a ésta por la ceguera de nuestras autoridades?

¿Qué sentido tiene que la Casa Vicini se esfuerce en mejorar las condiciones de vida en sus bateyes si tal responsabilidad social corporativa se ahoga en la mala fama que esta política gubernamental crea para nuestro país? ¿Qué sentido tiene luchar por mejores salarios para nuestros trabajadores si lo que esta política crea es una reserva de trabajadores indocumentados dispuestos a ser explotados? ¿De qué vale defender nuestra nacionalidad y nuestra integridad territorial si lo que esta política causa es precisamente la pesadilla que desean evitar los nacionalistas, un Kosovo que pretenda en el futuro reivindicar autonomía político-territorial?

¿Cómo podrá República Dominicana posicionarse internacionalmente como quiere el Presidente Fernández si sus esfuerzos en ese sentido son sencillamente aplastados por el poderoso lobby anti-dominicano que aprovecha todas nuestras torpezas? ¿Cómo pretende República Dominicana defender sus inmigrantes en el extranjero cuando en su propio territorio aplica las políticas que critica a las potencias extranjeras? ¿Es que alguien cuerdo piensa que es posible para una nación pequeña como Dominicana vivir al margen de la legalidad internacional como si fuese una potencia que puede colocarse por encima de las instituciones del emergente constitucionalismo global?

Es tiempo que seamos verdaderamente nacionalistas y no demos municiones a quienes tienen intereses contrapuestos a los nuestros en la arena internacional. Hagamos de los derechos fundamentales un eje transversal de todas nuestras políticas públicas sin que ello perjudique la soberanía de un Estado que no le es dable vivir al margen del Derecho. Seamos verdaderamente nacionalistas y fortalezcamos un Estado que ahora falla en la protección de sus habitantes y que posteriormente no tendrá ni fuerza ni solvencia moral para resistir las imposiciones internacionales.