HAMLET HERMANN
Leí en el periódico “El Nacional” del pasado martes 20 de junio de 2006 que un llamado “Consejo de Propietarios de Autobuses y Corredores Administrados por la OMSA” reclamó al Gobierno el pago de más de 200 millones de pesos por el  uso de corredores y alquiler de vehículos desde 1998.”

Peor aún, “los empresarios del transporte anunciaron una asamblea para el 29 de este mes (de junio) y advirtieron que desde el año pasado el Secretario Administrativo de la Presidencia prometió hacer el pago”.

En situaciones como ésta vuelvo a regocijarme por haber publicado un libro titulado “Para Vencer el Caos” en el que describo las experiencias que adquirí mientras era Director de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) entre 1997 y 2000.

 He sostenido desde entonces que el Estado dominicano nunca ha debido un centavo a esos señores. Repito: no les ha debido ni les debe un solo centavo.

Quizás estos empresarios quieren aprovecharse de la mala memoria del pueblo dominicano al tiempo que hacer uso de sus filiaciones políticas. Pero tenemos que hacer lo que sea necesario para evitar que lo que pagamos en impuestos sea usado para, una vez más, dilapidarlo.

Este enredo que, sorprendentemente, todavía dura parece haber comenzado cuando el 30 de mayo de 1997, hace más de nueve años, el Gobierno convocó a los distribuidores de vehículos a un concurso para la compra de 300 autobuses.

Sin embargo, el procedimiento de las autoridades del transporte estaba siendo tan irregular que el proceso de licitación fue impugnado por los concursantes.

 Agravaba la situación el hecho de que, de manera muy discreta, los mismos funcionarios que convocaban al concurso de compra de autobuses viajaban a Brasil para adquirir, de grado a grado, 600 de estos vehículos. Los alegatos del Gobierno para justificar la dualidad de la licitación y el grado a grado se basaba en la gravedad del desorden en el transporte de la Capital dominicana. Además, se alegaba, luego de esa compra podría suspenderse el subsidio de dos y medio millones de dólares (US$2, 500 000.) que todos los meses se les entregaba a los empresarios del transporte para atenuar el supuesto daño provocado a éstos por el alza de los precios de los combustibles. Se hizo evidente en la primera mitad del año 1997 que el Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se sentía atrapado por la falta de transparencia en estas negociaciones.

A los funcionarios involucrados en el manejo de este caso se les ocurrió que una salida “honorable” al lío podría ser si a la compra “grado a grado” que hacían le daban visos de privatización del transporte. Fue entonces cuando el 19 de junio de 1997 surgieron de improviso cuatro “empresarios del transporte” solicitándole públicamente al Gobierno que les sirviera de garante financiero para la compra de los autobuses que ya se estaban construyendo en Brasil.

Dato curioso era que dos de los “empresarios” eran miembros del PLD y, al mismo tiempo, funcionarios del Gobierno.

Alegaron entonces que los adquirirían “con sus propios recursos” y que el Gobierno sólo los exoneraría de los impuestos aduanales.

Claro estaba que el Estado dominicano tendría que depositar como garantía una enorme cantidad de dinero en los bancos Popular y Gerencial Fiduciario ya que, paradójicamente, quienes firmaban la carta de crédito no eran sujetos confiables para préstamos en la banca comercial.

El plan establecía que, luego de ser reconocidos como propietarios de los vehículos comprados en Brasil por los funcionarios del transporte, éstos los alquilarían a OMSA, una entidad que todavía en ese momento no había sido creada por el Poder Ejecutivo.

 La madeja del “grado a grado” contra la licitación pública seguía enredándose más y más.

 El tufo de la corrupción se denunciaba en las informaciones de prensa y eso hacía que la credibilidad de las autoridades del transporte se viniera abajo. Para acortar una larga historia, esos que ahora reclaman se les paguen doscientos millones de pesos, nunca aportaron un centavo, ni asumieron los riesgos, ni derramaron una gota de sudor para la compra de esos autobuses.

Fue tan mostrenca la manipulación de la propiedad de 600 autobuses comprados “grado a grado” que, todavía en 2006, esos vehículos no tienen la matrícula que acredite a quién pertenecen, sea la Dirección de Bienes Nacionales o los que ahora vuelven al poder político de la nación.

Recomiendo a los que quieran refrescar la memoria sobre este y otros casos que han llevado al transporte a lo que es hoy en día, que revisen la prensa de la época o se lean “Para Vencer el Caos”. Porque la principal razón que nos ha llevado a repetir nuestros grandes fracasos siempre ha residido en la debilidad de nuestra memoria.