Las teorías y los enunciados dicen: es obligación del Estado garantizar los servicios básicos tales como salud plena, educación de calidad, igualdad de oportunidades para vivir, pero eso es en los papeles, la realidad es muy diferente. La prestación de servicios de salud es un negocio tan bueno que los capitalistas incursionan en él con el propósito de invertir 5 y obtener 200 de beneficios, especialmente si se trata de obtener cotizaciones de empleados a quienes les descuentan los emolumentos.
La ley, el espíritu y la práctica del manejo y administración de la Ley de seguridad Social son burlados por médicos, clínicas y hospitales.
En unos casos se les cobra a los pacientes, previo a las consultas, altas sumas, si se comparan con el salario mínimo. Ese modo de desangrar el bolsillo de los infelices debe ser cubierto por la montaña de dinero guardada en bancos por la dirección de la Seguridad Social. Lo que sí es seguro es que las cotizaciones son deducidas de los sueldos y salarios de los afiliados al sistema nacional de salud.
El sistema acumula, acumula, acumula dinero de las cotizaciones para beneficio de las administradoras de riesgos de salud que, como gran negocio son una especie de minas de oro cuyos ingresos superan a los que declara la minera de Cotuí.
Esos negocios, las ARS, actúan por encima de las leyes y resoluciones de la autoridad del área, con un olímpico desprecio, porque saben que la impunidad se regó como la verdolaga y no sólo impera en el campo de la política del gobierno.
¿Para qué la gente quiere estar afiliada al sistema nacional de seguridad social? Para tener la certeza de ser atendida cuando confronte un problema de salud, ya sea simple o complicado, ya se trate de un brazo roto o de un cáncer o que requiera diálisis permanente, por supuesto, ahí es donde se hacen valer las letras pequeñas y la prepotencia de capitalistas a quienes nada les importa la salud pública porque tienen dinero suficiente. Dinero que muchas veces fue acumulado con las cotizaciones de los afiliados a la Seguridad Social.
Aunque se dispuso, mediante resolución, de la autoridad competente, que los afiliados tendrán, por cada una de las atenciones de alto costo y máximo nivel de complejidad una atención integral con un tope de cobertura de hasta un millón de pesos por evento por año.
La atención integral se refiere a todos los medicamentos necesarios para el tratamiento y recuperación del paciente. Las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) ignoraron sistemáticamente la resolución 375-02, emitida en octubre de 2015 por el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS).
¿Hasta cuándo vamos a permitir este relajo?