Los poderes públicos del Estado tienen su base jurídica en el derecho que el pueblo le confiere para controlar o administrar a la nación, y para poder ejercer ese derecho necesita de una serie de órganos o entes que colaboren con la función de gobierno.

Esos órganos o poderes son El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, cuya separación fue explicada y materializada por el filósofo y político francés, el Barón de Montesquieu, cuando escribió en 1748 “El espíritu de las leyes”, identificando esos tres poderes y estableciendo su radio de acción.

El Estado dominicano ha tenido vida jurídica desde el momento de su creación, aunque la composición humana de los miembros de cada poder haya estado cambiando cada cierto tiempo.

Una decisión de uno de los poderes en cualquier época, repercute y envuelve a las futuras acciones del Estado en todos los ámbitos de la nación, en la presente generación o en las venideras.

Esto está definido por el principio de la continuidad del Estado. Por esa razón todavía está vigente una resolución del congreso que otorgó el inmerecido título de “Padre de la Democracia Dominicana” al doctor Balaguer, siendo la doctora Milagros Ortiz Bosch la única senadora que tuvo la dignidad de retirarse de la sesión del Senado donde se iba a conocer tal reconocimiento para no ser cómplice de esa ignominia.

Los tentáculos de los tres poderes no deben permanecer y accionar abrazados, de ahí, la importancia de su independencia, aunque sí comprometidos en que sus acciones beneficien al pueblo y nunca perjudicarlo, y, en caso de alguna iniciativa de alguno de ellos, que sientan que el pie de amigo de otro poder,les puede apoyar en algún proyecto.

Son tan importantes los unos como los otros. Cuando una de esas patas del Estado cojea, el cuerpo completo puede llegar a tambalearse y a veces a desplomarse. Esos funcionarios elegidos de una u otra forma tienen que responder al sentido de la vida que tiene la mayoría de la gente que votó por ellos.

Los nuevos miembros del Congreso Nacional, tanto senadores como diputados, durante su campaña enarbolaron la bandera del cambio, lo cual significa que desde su inicio, en sus respectivos curules, comenzarían a ejercer sus funciones de una forma, no solo diferente, sino, mejor que sus antecesores.

Es decir, no solo presentar mejores proyectos de leyes que beneficien al país, sino también, que después de presentados, no los engaveten, como ha venido siendo engavetado el código penal durante años.

Con relación a este tema he visto con pena que el presidente de la Cámara de Diputados no ha querido embarcarse en incluir el conocimiento de la despenalización del aborto en sus tres causales y dice que eso será motivo de una ley especial! Por favor, señor Pacheco, asuma su rol como lo espera el pueblo que lo eligió! Tenga la entereza suficiente para abordar este tema.

Este no es un estado religioso sino laico. No estamos en Irán donde gobiernan los religiosos.
Aunque dos décadas antes del 16 de junio de 1954, fecha en que el dictador y el Vaticano firmaran el Concordato, hayamos visto la sumisión y el compadrazgo entre Trujillo y la Iglesia Católica, debemos estar conscientes de que, aunque desgraciadamente dicho Tratado, todavía, inexplicablemente, está vigente, en este momento histórico soplan vientos diferentes, y debemos comenzar a concientizarnos de que ninguna iglesia o grupo religioso en particular puede dictar pautas y hacer exigencias a un congreso responsable.

Tampoco puede ceder a presiones de otros grupos. Lo que sí sería prudente es hacer vistas públicas para conocer las distintas opiniones.

La despenalización de las tres causales del aborto debe conocerse junto al código penal cuanto antes y no engavetarlo por veinte años más.

El Pueblo lo espera.
A modo de reflexión, quiero dejar en la mente y el corazónde todos los legisladores, mi creencia, atendible, por demás, de que la mujer, protagonista de esta tragedia, tiene el inalienable y sagrado derecho de decidir sobre su vida presente y futura.