Con advertencias catastróficas y presagios de colapso del sistema de seguridad social, las diferentes asociaciones empresariales han sorprendido a la opinión pública con declaraciones de sus portavoces y varios comunicados de prensa. El detonante que provocó tal reacción ha sido la decisión de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) de solicitar la derogación del reglamento de apelaciones del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) ante el Tribunal Superior Administrativo. Este reglamento, vigente desde el año 2005, en su artículo 13 obliga la suspensión de cualquier acción regulatoria si cualquiera de las partes involucradas no está de acuerdo.
Hasta el año 2015 este reglamento fue utilizado pocas veces; sin embargo, a partir de la aprobación de la resolución 375-02 sobre la integralidad de la atención en salud (posteriormente reemplazada), prácticamente todo acto regulatorio de la SISALRIL ha sido apelado en el seno del CNSS. Un total de 81 acciones (circulares, sanciones, resoluciones, entre otras) han sido suspendidas. Similar a cualquier mundo kafkiano, las apelaciones han estado durmiendo el sueño eterno en el seno de las comisiones del CNSS, en la que los principales involucrados tienen poder de veto. La gran mayoría de las apelaciones se refieren a coberturas que la SISALRIL obligaba a las ARS a proveer so pena de sanción. Entre los argumentos presentados ante el Tribunal Superior Administrativo, los abogados afirmaron que muchos afiliados a los que se les negó la cobertura fallecieron en dicho proceso.
Las asociaciones empresariales acusan a la SISALRIL de querer estatizar el sistema de seguridad social y de insubordinación ante el CNSS, deteriorando así el sistema de gobernanza vigente. Del mismo modo, imputan a la SISALRIL de pretender imponer un esquema estatal ineficiente y superado, reemplazando el rol del CNSS. Hasta se ha llegado a comparar con las recientes protestas de la población en Nicaragua por los cambios unilaterales que introdujo el gobierno a su sistema de pensiones vigente. No hay nada más alejado de la verdad.
Si bien es cierto que hemos avanzado como país en la implementación de ley 87-01 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, todavía existen importantes brechas para hacer de la reforma, una más inclusiva y equitativa. Muchas de esas decisiones han sido apeladas en el CNSS, ya sea porque afectan intereses específicos o porque representan un desafío al status quo. Un ejemplo de ello es la resolución 0206-16 de la SISALRIL para permitir la afiliación a los dependientes hasta el tercer grado de consanguinidad. Esta resolución permitiría la inclusión como dependientes adicionales de tíos y sobrinos, los cuales en el esquema actual están desprotegidos y sujetos a seguros voluntarios fuera de la regulación de la SISALRIL.
Postergar decisiones que avancen en la protección social de los ciudadanos y ciudadanas en el marco de la ley 87-01, afecta la credibilidad y sostenibilidad social de nuestro sistema de seguridad social. Hay muchos temas que mejorar y de lo que se trata es de proteger y avanzar hacia un sistema más equitativo e inclusivo. El nuevo follón de la seguridad social solo revela que muchos de los actores involucrados quieren mantener su status quo, alejado del mandato de la ley.