Entre analistas económicos y políticos existe la convicción de que el presidente Leonel Fernández debería adelantar la reorganización de su gobierno y las nuevas políticas económicas y sociales para los próximos cuatro años, sin esperar la fecha formal del 16 de agosto.

 A más de un mes de su reelección presidencial y con varias reuniones de su equipo económico, el mandatario debería estar en capacidad de presentar un programa económico de mediano y largo alcance para enfrentar los problemas derivados de los altos precios del petróleo y los alimentos y del incremento en el gasto público.

 El consenso es generalizado en cuanto a la urgencia de promover la producción nacional, proteger el turismo como principal fuente de divisas, reducir y focalizar subsidios, establecer un programa estricto de ahorro energético e implantar un plan de austeridad con mayor credibilidad que los anteriores.  

 Los mayores retos

 Los principales retos que enfrenta el gobierno están determinados por el incremento del gasto público y el alarmante desnivel de la balanza de pagos, cuya cuenta corriente cerraría este año con un déficit muy superior a los 3 mil millones de pesos, duplicando el del 2007, principalmente por el aumento de la factura petrolera que a los precios actuales superaría este año los 4 mil millones de dólares, equivalentes al aporte del turismo. Los analistas económicos convienen en que será difícil que las inversiones netas alcancen un volumen suficiente para compensar el desequilibrio.

 El crecimiento del gasto público, en gran proporción por los subsidios, se ha estimado en 32 por ciento en los primeros 4 meses del año, cuando las recaudaciones sólo se incrementaron 22 por ciento. Si no hay un déficit fiscal considerable se atribuye a que el Estado recibió 4 mil millones de pesos no previstos por la venta de acciones de la licorera Brugal.

 Las principales preocupaciones giran en torno a la forma en que el gobierno afrontará esas distorsiones, al mismo tiempo que concentre recursos para promover la producción agropecuaria e industrial para paliar los incrementos de precios de los alimentos y generar más divisas mediante las exportaciones. Cualquier plan de desarrollo demandaría por lo menos una duplicación  del financiamiento al sector agropecuario para el cual este año el Banco Agrícola tiene asignados de 7 mil 500 millones de pesos.

Particularmente se discute si el gobierno dispondrá de energías y decisión para reducir los subsidios sin afectar a los más pobres y precipitar protestas sociales que alimenten la desestabilización.

 La primera decisión que llevaría confianza a los sectores empresariales es la referente a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, preanunciado desde la campaña electoral cuando el presidente dispuso que el gabinete económico iniciara contactos.

Austeridad creíble  Cualquier plan contingente de cara a los aprietos económicos tendría que incluir una rigurosa austeridad, lo que tropieza con los mayores compromisos políticos derivados de la campaña electoral, cuando el presidente Fernández obtuvo el apoyo de 11 partidos políticos y más de 600 grupos.

 Esa austeridad ha sido demandada firmemente por gran parte de la opinión pública, especialmente del sector empresarial que no se visualiza enfrentando un nuevo incremento de impuestos, después de las tres reformas tributarias ejecutadas en el período gubernamental que concluye y dos en el anterior.

 El presidente Fernández no tiene mucho crédito en materia de austeridad, a la luz de los anuncios que formuló en su discurso de juramentación del 2004, que comenzó a contradecir el mismo día al designar decenas de subsecretarios de Estado inorgánicos. Mayor fue el incumplimiento de la ley de austeridad para el 2007, con la que pretendió compensar su última reforma tributaria, seguida de la implementación del comprobante fiscal que elevó significativamente las recaudaciones.

 Las expectativas nacionales incluyen la definitiva implementación de un programa de ahorro energético. Desde marzo del 2005 el gobierno dispuso elaborar un plan al respecto, cuando el petróleo llegó a 57 dólares el barril. Anunció un primero el 5 de septiembre de ese año, cuando el barril de petróleo alcanzó los 68 dólares, pero lo dejó sin efecto tres meses después al considerar que habían desaparecido las causas, porque el petróleo descendió a 61 dólares. Apenas se llegó a distribuir dos millones de bombillas de bajo consumo.

 Un segundo plan de ahorro energético fue anunciado el 15 de noviembre pasado cuando el petróleo rondaba los 90 dólares el barril, el cual quedó frenado por la campaña electoral, hasta el punto que en los primeros meses de este año el consumo de combustibles creció en un 12 por ciento. La reducción de los vuelos hacia y desde el país por varias líneas aéreas, el incremento de las tarifas del transporte urbano y el aumento de precios de alimentos y materiales de construcción son factores indicativos de que el gobierno tiene que dar muestras de agilidad.-

 Reestructuración del gobierno

Una de las decisiones que debería adelantar el presidente Fernández es la reestructuración del gobierno, ratificando a los que se van a quedar, como forma de disipar incertidumbres.

 Aunque si se mide por los dos períodos de gobierno que agota el actual mandatario, no debería haber expectativas de muchas sustituciones, de cualquier forma se cree que varios altos funcionarios por lo menos podrían ser cambiados de incumbencia. En el período que concluye en agosto son contados los cambios de altos funcionarios, como los titulares de las secretarías de Agricultura, Obras Públicas y Medio Ambiente y los del Instituto de Recursos Hidráulicos y de la Policía Nacional.

 Durante el gobierno peledeista del 1996-00 también fueron escasos los cambios, afectando a los secretarios de las Fuerzas Armadas, Obras Públicas y Administrativo de la Presidencia.

 En otros países es común que los gobernantes electos adelanten la designación de su gabinete, para facilitar la planificación y ejecución de políticas tan pronto inician su período. Con más razón debería ocurrir tratándose de la continuidad de una gestión gubernativa que además tendrá que enfrentar graves dificultades económicas con potencial para afectar la estabilidad macroeconómica, señalada como el mayor mérito del período que concluye.

 Si el Plan de Desarrollo Integral que se discute habrá de aplicarse de inmediato, lo razonable sería que por lo menos sus principales ejecutores fueran designados desde su inicio, lo que aportaría el ingrediente adicional de voluntad decisoria.

Inminente discurso

 A mediados de la semana se daba como inminente un discurso del Presidente Leonel Fernández en el que anunciaría sus propuestas para enfrentar las amenazas a la estabilidad económica de la nación como consecuencia del incesante incremento del costo del petróleo y de los alimentos y del desproporcionado aumento del gasto público.

En círculos  cercanos al gobierno se dijo que los anuncios podrían formularse la próxima semana.

 Tras su reelección el pasado 16 de mayo, el doctor Fernández ha sostenido unas cuatro reuniones, incluyendo dos en días laborables consecutivos, el viernes 13 y el lunes 16 de junio, con la participación del equipo económico, las autoridades monetarias, el gabinete social y la Comisión Nacional de energía.

 Aunque se han negado a adelantar medidas específicas, tras la sesión del lunes se dijo que se busca establecer un «Plan de Desarrollo Integral» para reducir el impacto del incremento de los precios del petróleo que en esa fecha rozó los 140 dólares el barril, en medio de temores de que se aproxime a los 200 dólares para fines del año.

 Contrastando con su discurso de la campaña electoral, desde su participación en la cumbre de la FAO sobre la crisis de alimentos a principios de mes, el presidente Fernández ha asumido que la economía nacional no está blindada contra los históricos aumentos de precios internacionales. El lunes llegó a decir que la especulación con los  precios del petróleo «lleva la humanidad al abismo».

 Aunque el gobierno no ha anunciado formalmente medidas específicas, dos  secretarios de Estado han hecho algunos adelantos. El de Industria y Comercio, Melanio Paredes, dijo el miércoles 11 que a partir de agosto será focalizado el subsidio al gas propano hacia el consumo doméstico, lo que implica su eliminación en el transporte, y el titular de Agricultura, Salvador Jiménez, declaró el viernes 13 que el gobierno mantendrá el subsidio a por lo menos cinco productos alimenticios básicos, citando el arroz, habichuelas, leche, huevos y al pollo.

 Por su parte el superintendente de Electricidad, Francisco Méndez, dijo el lunes 16 que el gobierno tendrá que destinar este año unos mil 100 millones de dólares al subsidio eléctrico, aún cuando lo presupuestado fue 650 millones, que podría ser duplicado según confidencia de otro funcionario de mayor rango.