POR ODALIS MEJIA Y AMARILIS CASTRO
El Plan Integral del Sector Eléctrico conllevaría una inversión de US$650 millones en los próximos cuatro años, tiempo en que se espera que las distribuidoras hayan duplicado el número de sus clientes y hayan bajado las tarifas y el nivel de robo de energía, que rondaría el 50%.

Así lo expresaron Ross Parker y John Health, de la firma internacional Adam Smith, la cual realizó una consultoría como parte de los trabajos de recuperación del sector eléctrico.

 Señalaron que esta inversión es mucho menor que el costo anual de los subsidios actuales.

Dijeron que es importante que se creen incentivos para estas inversiones, de forma tal que las restricciones de capital no sean una barrera para la mejora de los activos eléctricos definidos como estratégicos y críticos para el país.

Los consultores enfatizaron en que la solución al problema del robo, el suministro gratuito y el incumplimiento de pago son los primeros requisitos para el establecimiento de un sector viable.

Apuntaron que con el mejoramiento de las cobranzas y  la reducción de los subsidios se crearía un espacio para tratar los otros temas pendientes del sector, como los niveles de costos en cada tramo, los niveles adecuados de tarifas para cada cliente, la naturaleza y escala de los subsidios, políticas para asistir a los pobres y la estructura de mercado más eficiente.

Sin embargo, señalaron que tal plan podría crear un impacto positivo sólo si se realiza en el orden planteado, y advirtieron que existen riesgos como las dificultades para establecer una estructura financiera, los ajustes de tarifas y los subsidios, falta de priorización y/o distracción, así como de comunicación.

También advirtieron que existen roles poco claros entre la Superintendencia de Electricidad, la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), tras precisar que debe haber mayor responsabilidad institucional y fijar plazos para que cada una cumpla con su deber.

«La CNE debe cumplir su rol de creador principal de las políticas; la Superintendencia es el regulador del sector; y la CDEEE va a ser transformada en una compañía holding (dueña de las compañías estatales)», indicaron.

Expresaron que el Programa de Reducción de Apagones  no es la manera más eficiente de tratar las necesidades energéticas de los pobres, ya que ese  problema social puede ser resuelto a través de la regularización y el mejoramiento del suministro a los barrios.

Consideraron que no existe una solución simple para el problema energéticos ya que es un sector complejo con múltiples aristas por resolver, por lo que las instituciones ligadas a la energía deben definir claramente las  funciones que deben realizar.

Manifestaron que cualquier solución importante debe involucrar a todos los partidos y sectores a fin de erradicar la cultura del robo de energía, puesto que mientras  más personas paguen la luz, el subsidio se irá reduciendo al igual que las tarifas.

Señalaron que los usuarios grandes son los que representan un gran perjuicio al sector,  como son los grandes industriales y las grandes residencias debido al alto consumo que poseen.

Destacaron que los medios de comunicación juegan un papel importante para contribuir a la erradicación del robo energético.

En términos de la Ley de Electricidad, precisaron que ésta necesita un mayor fortalecimiento y contemplar el castigo al robo de energía.

Con relación a los contratos de energía, Parker y Health dijeron que en su consultoría no fueron analizados los acuerdos existentes , tras señalar que es difícil renegociar los mismos dentro del plan integral porque no existen flujo de caja, es decir, dinero.

Ambos consultores ofrecieron estos detalles al realizar un encuentro con la prensa organizado por la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE).