Hoy 
Ha terminado un largo e intenso proceso conducido por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), bajo el liderazgo firme e inteligente del Presidente Leonel Fernández, sin el cual no era posible configurar las Altas Cortes, lo que el hoy presidente designado del Tribunal Constitucional (TC), Milton Ray Guevara, en una ocasión denominó el poder jurisdiccional, integrado por las jurisdicciones constitucional, judicial y electoral.
De entrada, fuera del magnífico Tribunal Superior Electoral, configurado por el CNM con fino tacto político y justo sentido del equilibrio, y presidido por un hombre de capacidad jurídica incuestionada y por encima de las adhesiones partidarias, como lo es Mariano Rodríguez, el reto mayor lo enfrenta el TC, no solo por ser la Alta Corte más importante y la más nueva sino porque sus decisiones requieren ser adoptadas por 9 de sus 13 miembros.
Construir esa mayoría para cada decisión será una delicada labor de orfebrería política y jurídica para la cual se ha preparado toda su vida Ray Guevara, pero para cuyo éxito contará seguro además con la extraordinaria sensibilidad política, esencial en todo buen juez constitucional, de Lino Vásquez, Justo Pedro Castellanos, Rafael Díaz Filpo y Víctor Gómez Bergés.
Clave para esto es la presencia de una redactora de la Constitución de 2010 y una de las pocas especialistas dominicanas en Derecho Administrativo (Leyda Piña); de una de las cabezas mejor montadas del Derecho Civil dominicano (Víctor Joaquín Castellanos); de un civilista y procesalista de fuste (Jottin Cury); de uno de los fundadores del Derecho Procesal Constitucional dominicano y experto procesal de gran trayectoria como juez (Hermógenes Acosta); de uno de los grandes especialistas dominicanos del Derecho Inmobiliario (Wilson Gómez); de un experimentado penalista (Idelfonso Reyes); de una jueza penalista con especialidad y obras en Derecho Constitucional y derechos fundamentales (Katia Miguelina Jiménez); y de una legisladora veterana y consciente de los trámites parlamentarios cuya inobservancia vicia de inconstitucionalidad formal las leyes (Ana Isabel Bonilla). Todos ellos, junto con uno de los cuatro eminentes fundadores del Derecho Constitucional dominicano postrujillista los otros tres son Juan Jorge García, Julio Brea Franco y Adriano Miguel Tejada-, que es Ray Guevara, y los magistrados Vásquez, Justo Pedro Castellanos, Gómez Bergés y Díaz Filpo, con gran experiencia, estudios y obras en Derecho Público, deberían asegurar decisiones defensoras de la Constitución y los derechos fundamentales.
Por su parte, la nueva Suprema Corte de Justicia destaca por la presidencia de un eminente jurista como lo es Mariano Germán, uno de los últimos abogados dominicanos, en una era de especialidades de corta mira, con dominio vasto y probado en todas las ramas del Derecho. Pero, además, por la presencia de un civilista, con experiencia de Estado, como Julio César Castaños y de Miriam Germán, luz de la judicatura penal que iluminó el firmamento de la justicia, incluso en los momentos más oscuros de nuestra historia política y judicial.
Si a eso se suma la presencia de excelentes jueces veteranos como Esther Agelán, José Alberto Cruceta, Martha Olga García, Sara Henríquez, Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Francisco Jerez Mena, Robert Placencia, Juan Hiroito Reyes, los tres jueces confirmados en sus puestos, y la incorporación de dos juristas penalistas de experiencia como Alejandro Moscoso Segarra y Frank Soto, estamos en presencia de una corte suprema de lujo en cualquier país del mundo. Germán, que deberá presidir además el Consejo del Poder Judicial, a cargo de la administración y la disciplina judicial, encabeza una Suprema Corte que deberá transitar del presidencialismo imperial al colegio de jueces primus inter pares. Esta corte suprema dialogará con el TC pues en su seno hay exquisita sensibilidad constitucional en los magistrados Miriam Germán, Agelán, Cruceta, Herrera Carbuccia, Jerez Mena y Moscoso Segarra, que bien pudieron también ser incorporados al TC.
Toca ahora a los jueces superiores que integran las Altas Cortes ganarse su legitimidad de ejercicio con decisiones fundadas en Derecho y justas. Por su parte, los ciudadanos debemos asumir el deber de que estas Altas Cortes no fallen los casos en la impunidad del vacío, por lo que hay que someter sus decisiones a intenso escrutinio y crítica pública, de modo que la injusticia nunca pueda colarse de contrabando.
