Cuatro dictámenes de la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral (CC-JCE) contra actos de la dirigencia del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en tres meses deberían ser suficientes para provocar una corrección del rumbo de esa organización, avocada a nuevas confrontaciones internas por la próxima elección de candidatos.

Aunque muchos no lo quieren expresar públicamente en los ámbitos perredeístas crece la frustración por el rumbo de confrontación en que se encuentran y cada vez son más los que creen que sus nuevos dirigentes tendrán que retomar el camino de la pluralidad democrática y negociar adentro como lo hacen afuera del partido.

Un golpe político.  El PRD sufrió un golpe político que bien pudo evitar con las dos resoluciones desfavorables emitidas en el fin de semana pasado por la Cámara Contenciosa de la JCE que impidieron la juramentación de los más de dos mil dirigentes electos en su Vigésimo Séptima Convención Ordinaria.

No fue suficiente la resolución 068 de la noche del viernes 16, pues sin aportar ningún elemento ni documento de consideración la apelaron en cuestión de horas provocando la 069 que ratifica la anterior “en todas sus partes”.

El dictamen del viernes dispuso la suspensión de la asamblea de delegados convocada para el domingo 18, a fin de juramentar los nuevos dirigentes, vicepresidentes, secretarios generales, subsecretarios generales y secretarios de organización del nivel nacional y de los comités municipales, electos el 27 de septiembre hasta tanto los organismos  correspondientes conozcan las impugnaciones a esos resultados.

La apelación fue despachada por los jueces electorales el mismo sábado 18 en que fue presentada, bajo el simple argumento de “no haberse aportado los documentos nuevos, que de haber sido conocidos, hubieren podido variar la decisión”.

Como resultado, el PRD tuvo que suspender el acto a horas de su realización, habiendo gastado en su preparación más de cuatro millones de pesos, como se informó, tal vez tratando de aminorar el mayor costo en la credibilidad y habilidad del partido blanco para dirimir sus diferencias internas mediante los mecanismos instituidos, sin tener que ponerse en manos del órgano nacional de contención electoral.

Cadena de reveses

La instancia elevada a la CC-JCE por Guido Gómez Mazara y Tony Peña Guaba, como candidatos a la secretaría general y la secretaría de organización, fue la tercera que los perredeístas llevan ante ese organismo en relación a la convención eleccionaria y en poco más de tres meses. Las dos anteriores fueron motorizadas por seguidores del ex presidente Hipólito Mejía, tras un acuerdo logrado en el Comité Político para proclamar a unanimidad a  Vargas Maldonado presidente del partido sin tener que someterlo a votación de la militancia.

Ese pacto le ofreció una oportunidad  de asumir la dirección del PRD sin mayores traumas, pero al parecer se sobrepasaron de inmediato, pues en la misma sesión se tomaron otras decisiones que rompieron la unanimidad, como el aplazamiento de la convención eleccionaria hasta después de las elecciones del 2010 y la convocatoria a la reforma estatutaria el 19 de julio, mediante asamblea de delegados que también habría de elegir los integrantes de varias comisiones.

La instancia fue acogida por la CC-JCE con su resolución 049 del 17 de julio que  limitó los alcances de la Asamblea a celebrarse dos días después al declararla “única y exclusivamente para la proclamación y juramentación del ingeniero Miguel Vargas Maldonado como presidente del Partido Revolucionario Dominicano”. También dispuso la continuación de la elección de los demás puestos dirigenciales, mediante nueva convocatoria acorde con los estatutos del partido. 

Pero los asambleístas liderados por el grupo que promueve a Vargas Maldonado no asimilaron el revés y rebasaron con mucho el límite señalado, procediendo a designar los integrantes del Consejo Nacional de Disciplina, de  la Comisión de  Control, de la Comisión de Reforma Estatutaria, y de la Comisión Nacional Consultiva así como  a elegir presidente en funciones, secretario general y subsecretario general interinos.

Una segunda  instancia impugnadora llegó a la CC-JCE, esta vez encabezada por el mismo Hipólito Mejía, la que prosperó en varios de sus reclamos, cuando el órgano de control mediante su resolución 059 del 14 de septiembre, anuló todas las decisiones que rebasaron el límite de la juramentación de Vargas, excepto la designación de los dirigentes interinos porque posteriormente fueron validados por el Comité Ejecutivo Nacional al que correspondía estatutariamente.  

Una guerra avisada

Cumpliéndose los vaticinios, el PRD está montando un nuevo espectáculo de confrontaciones internas que amenazan extenderse a la Convención Extraordinaria que en un mes debe escoger los candidatos para los comicios de mayo próximo. Ya Hipólito Mejía acusó al grupo de Vargas Maldonado de  pretender quedarse con el 70 por ciento de las postulaciones.

 La situación es más complicada que en crisis anteriores, por cuanto esta vez no hay un árbitro respetado en el interior del partido, lo que remite a nuevas instancias ante la CC-JCE, cuando aún no se resuelven las impugnaciones a la convención de septiembre, que  pretendieron  ignorarse, sin siquiera convocar a un diálogo a los impugnadores. La circunstancia de que el presidente del partido actúe más como jefe de grupo que como líder de la totalidad contribuye a las complicaciones.

Entre dirigentes perredeístas se expresan cada vez más reservas y preocupaciones. Tirso Mejía Ricart dijo esta semana que si el partido quiere “avanzar en el 2010 para volver al poder en el 2012” como proclama el grupo dominante, tiene que retomar el camino de la concertación interna. Insistió en que es una grave contradicción negociar y conciliar afuera y al mismo tiempo excluir y avasallar adentro. El Foro Renovador propuso “un acuerdo de gobernabilidad perredeísta”.

El grupo de Luis Abinader ha insistido en la necesidad de concertación interna, comenzando por una revisión imparcial del resultado de la votación de septiembre. Y más de un centenar de dirigentes pidieron la convocatoria de la Comisión Política para buscar soluciones. 

Otros dirigentes disienten de la estrategia de imponer un liderazgo absoluto, pero no quieren expresarlo públicamente, unos por temor a ser marginados, otros porque no quieren aparecer como si hicieran causa común con Hipólito Mejía o Guido Gómez, y otros por cansancio y frustración. Pero la generalidad reconoce que por el camino que llevan se alejan de las posibilidades de recuperar el favor popular que tuvieron entre 1994 y el 2002 y que malversaron en el Gobierno. Hay también quienes pretenden ignorar el costo de la confrontación interna subestimando al partido gobernante y su líder.

La prueba de que está difícil lo del liderazgo único en el PRD es que Guido Gómez y Tony Peña Guaba consiguieran el 40 por ciento de la votación de la militancia del PRD, teniendo abiertamente en contra al manager y los árbitros. Así les será difícil avanzar en mayo frente a la alianza  y el poder que encarna el Partido de la Liberación Dominicana y su líder el presidente Fernández.  

Una larga distracción

La Convención para escoger dirigentes ha ocupado la atención del perredeísmo desde noviembre del 2008 cuando se anunció que el ingeniero Miguel Vargas Maldonado aspiraría a la presidencia del partido, lo que conllevaba un conflicto puesto que se le sabía trabajando para volver a ser candidato presidencial en el 2012, y los estatutos prohibían compartir ambas investiduras.

Muchos consideraron un error estratégico que Vargas Maldonado no auspiciara un candidato de amplitud para la presidencia y se constituyera en foco de conflicto cuando ya se publicaba un apoyo  casi total entre senadores, diputados, síndicos  y dirigentes perredeístas. En “Los desvaríos del PRD” (HOY, 15 de noviembre del 2008) se recogían las advertencias de que ese paso desataría una lucha que llegaría por lo menos hasta las elecciones del 2010, consumiendo las energías de ese partido e impidiéndole aprovechar el desgaste del Gobierno ya en medio de una crisis económica.

Aunque el proyecto de Constitución del presidente Leonel Fernández fue introducido al Congreso en agosto del año pasado, se inició su conocimiento en abril sin que el principal partido de oposición reuniera siquiera una comisión o un organismo para discutirlo y concertar posiciones.  Lo mismo ocurrió con la convocatoria a la Cumbre para enfrentar la crisis económica.

No la pudieron responder a tiempo, porque las luchas internas impedían reunir la Comisión Política

El 12 de junio era la fecha original para la convención, pero el día 3 de ese mes la Comisión Política la aplazó para el 5 de julio, luego para el año 2010 y finalmente se realizó el 27 de septiembre, pero previamente fue sustituida la Comisión Nacional Organizadora que presidía Tirso Mejía Ricart por resolución del Comité Político en marzo, la que había sido fruto de una concertación de los grupos perredeístas, excepto el de Vargas Maldonado que llevó su propia plancha y perdió la votación.

Luego le incorporaron 6 de sus seguidores en actitud conciliadora. Pero cuando Vargas asumió la presidencia eligieron  su propia comisión  bajo la presidencia de Tomás Hernández Alberto.