He argumentado que la economía dominicana se caracteriza por crecer y al mismo tiempo generar exclusión social. Ello se debe, entre otras causas, a los enfoques de políticas públicas.

Las autoridades dominicanas han elegido como el ámbito de evaluación del éxito, la maximización del producto interno bruto por habitante y el crecimiento del PIB. En ese contexto, los beneficios del crecimiento llegarán a las personas por la derrama espontánea (el mercado) del PIB y por una política asistencialista que reparte recursos presupuestarios, muchas veces en forma clientelar, a través de programas como el de Solidaridad.

La alternativa es fijar el objetivo en la calidad de vida de las personas, ello convierte al crecimiento del PIB en un medio, importante pero insuficiente. El PIB puede crecer generando mayor desigualdad, destruyendo el ambiente, deteriorando la institucionalidad, generando pocos empleos o con poco impacto en la reducción de la pobreza. Eso ha pasado en RD. La consecuencia de esta forma del crecimiento excluyente es que ha convertido al desarrollo en una cuestión de poder, cuando debería ser una cuestión de derechos.

Elegir como ámbito de evaluación del éxito la mejoría en la calidad de vida de las personas, implica políticas deliberadas, en donde no sólo es importante crecer sino también establecer cómo se crece y en qué sectores se crece, surgiendo una clara complementariedad entre el crecimiento económico (un medio) y la calidad de vida de las personas (el fin).  El objetivo de la política es materializar los derechos, crear una democracia de ciudadanía.

¿Cómo se diseñan las políticas públicas? Este enfoque alternativo asume que los instrumentos y las políticas son  conocidos, lo importante es cómo organizarlos en función del objetivo final.  Así la pregunta, por ejemplo, no es cuándo debe crecer el PIB agrícola, sino cuáles son las formas de explotación y qué actividades tienen mayor impacto en la calidad de vida de la gente. Igual ocurriría con cualquier otro sector de la economía o institución.

Una estrategia de políticas públicas como la propuesta, debería tener cinco grandes ejes transversales: género, ya que no puede haber mejoría en la calidad de vida sin hay un grupo población excluido por razones culturales. El territorio, para garantizar equidad espacial. La participación, para garantizar que la población defina sus propios objetivos y evalúe las acciones del gobierno. Sostenibilidad, para evitar que las políticas públicas generen pasivos que la autoderroten y finalmente, transparencia y rendición de cuentas de la autoridad para garantizar la eficiencia y la eficacia de las acciones.

En resumen son claras las opciones: seguir con el crecimiento económico como fin y ámbito de evaluación del éxito o elegir la calidad de la vida como fin y entender al crecimiento económico como un medio.