Nuestro país ha vivido una gama de experiencias que han tocado las más profundas raíces socioconómicas y sobre todo  culturales, generando numerosos cambios en lo político.

El cambio demográfico experimentado en los últimos años ha modificado el perfil de nuestra población lo que trae como consecuencia el aumento de las demandas sociales ya que estas presentan condiciones distintas a las que se tenían en el pasado.

Estas demandas sociales han generado un cambio de actitud por parte de los servidores públicos traducidos en la formulación de nuevas estrategias de políticas mas acorde a las necesidades y exigencias de la sociedad en su conjunto y la influencia del entorno regional e internacional.

En la medida en que el hombre transita por los diferentes estadios de su vida, va descubriendo su libre albedrío y lo manifiesta de diferentes formas donde conforme adquiere madurez, comienza a prescribir su propio dominio donde su autonomía constituye uno de sus valores máximos . De acuerdo con García (2001), Fernández (2000) y Walton (1977), la ética considera los actos humanos en cuanto son “correctos” o “incorrectos” o en cuanto “justos” o “injustos” con referencia a una serie de valores de un grupo social. Los valores éticos deben fundarse en conocimientos y normas racionales que permiten que la ética se convierta en una ciencia normativa.

Desde mi punto de vista el objetivo de la ética lo constituye la aplicación de una serie de normas morales tomando como base lealtad, honradez, la cortesía y el honor, mismas que van a contribuir al fortalecimiento de las estructuras institucionales.

Las estrategias normativas institucionales son de carácter preventivos como lo establecido en nuestra Carta Magna, consagrando como derechos subjetivos públicos, como la garantía de acceso efectivo a la jurisdicción del Estado tomando en cuenta sus práticas y costumbres jurídicas, sino también la protección y promoción de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social.

El objetivo principal del Estado es el logro del bien común, el bienestar social, su eficiencia del mismo se medirá en relación de que todas las acciones que se realicen estén enfocadas a garantizar este fin.

La administración pública es el medio y la estructura de que dispone el Estado para garantizar el cumplimiento de sus objetivos.

Esto es a las personas que integran conforme dicha armazón institucional,  servidores públicos, colaboradores, administradores o funcionarios públicos, deben ser personas dignas, respetadas y honestas donde el factor moral constituye uno de  los elementos primordiales de los programas y políticas de gobierno.

El servidor público ajusta su comportamiento a una serie de órdenes, normas y lineamientos de tipo moral  ya que sus funciones ante la sociedad resultan ser casi sacerdotal.

En consecuencia, el servidor público debe ser un ejemplo de moralidad donde el cumplimiento del deber y el orgullo de ser funcionario público se debe vivir día a día para recobrar la confianza de la ciudadanía, emprendiendo ideas y conceptos que ayudan a entender la diversidad de criterios morales y a partir de estos conceptos es posible edificar una ética mas acorde donde los valores, principios y costumbres traducidos en la capacidad del servidor público para crear, pensar y desarrollar actitudes más acorde con su visión del mundo.

No limitadas exclusivamente para el ámbito laboral, sino que traspasen las frontreras culturales y familiares, por respeto al deber como a las funciones encomendadas.