El odioso anticipo

El odioso anticipo

El Gobierno va a financiar parte del Presupuesto General del Estado para 2017 con el cobro a priori de la mitad de un impuesto que, por esencia y naturaleza, se aplica a posteriori, cuando el bien gravado ya ha sido transferido y ha generado su rentabilidad natural como parte de los ciclos de la cadena de valor. Y los industriales del país, con sobrada razón, objetan esa modalidad. Tienen razón a no querer que les cobren por una transformación industrial que no se ha producido, pues se aplicará en aduanas, sobre materia prima y bienes de capital.
Para comenzar, esta modalidad de cobro anticipado tiene el inconveniente de que influye en los costos de producción del bien de que se trate y eventualmente del precio final a la hora de la transferencia, cuando habrá de pagarse la otra mitad del ITBIS. Puede pasar un tiempo considerable entre la llegada de la materia prima y su conversión en bien final, pero, mientras tanto, la influencia del anticipo estará vigente hasta que el producto llegue al destino.
Y tal vez lo más irritante sea que el anticipo, naturalmente, tendrá sus efectos desagradables sobre quienes tienen vocación de cumplir sus deberes fiscales. El Gobierno tiene que mostrar eficiencia en su lucha contra la evasión, y evitar recurrir a modelos de captación de recursos tan molestos por sus efectos sobre capital de trabajo y ganancia no obtenida.

Protección para la gente de a pie

Si el Gobierno tuvo la decisión política de eliminar el subsidio al gasoil de los transportistas, también debe hacer acopio de energía para impedir que se abuse de la gente de a pie. En numerosas rutas, choferes de carros y microbuses movidos con GLP han aumentado los pasajes alegando falsamente que han sido afectados por la supresión del subsidio, Ese atropello se produce en consonancia con las advertencias de sindicalistas del transporte, de que aumentarían los pasajes y de que “va a haber líos”, sino revocan la decisión sobre el gasoil.
Este debe ser un buen momento para que demuestren su eficacia los tantos organismos investidos de una supuesta autoridad sobre el transporte que nunca han ejercido para garantizar calidad y orden en ese esencial servicio público.

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