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Desde las últimas décadas del pasado siglo 20, aquí vienen teniendo lugar tentativas de reforma del Sistema de Instrucción Pública con el fin de que nuestros conciudadanos disfruten de las mismas oportunidades de acceso a un régimen de educación de calidad. Hemos pretendido que la educación pública se transforme en una herramienta de promoción con vistas a ampliar las posibilidades de organizar una sociedad más justa, más solidaria, y más humana. Entre las personas entendidas en la materia ha ido creciendo el consenso de que a través de la educación las gentes pueden adquirir los conocimientos y las destrezas necesarias para prosperar en un mundo globalizado de mercados abiertos a la competencia internacional. Aquí, la marginalidad, el desempleo y el deterioro de las condiciones de vida de las gentes campean por doquier. Mientras que en casi todas las naciones de la América Española y el Caribe se han estado poniendo en práctica de manera entusiasta y esperanzadora planes de reforma de los sistemas de instrucción pública sobre la base de argumentos relacionados con la productividad, la competitividad global y las mejoras en la equidad social, aquí, esos mismos intentos muchos ya los dan como fracasados. Las estadísticas oficiales indican que cerca de la mitad de la población dominicana vive en condiciones de pobreza, y que una alta proporción de los que así viven lo hace en medio de carencias extremas. Nuestros campos se despueblan, los campesinos abandonan sus huertos para ir a los barrios más pobres de las ciudades más importantes. La marginalidad, el desempleo y el deterioro de las condiciones de vida de los más campean por doquier.
A pesar de la inversión en educación de un 4% del PBI y de los esfuerzos por mejorar la instrucción pública que hemos venido realizando en los últimos años todavía confrontamos grandes calamidades en el área. Los informes al respecto rendidos por agencias y por organismos internacionales dan cuenta de ello: baja tasa de cobertura acompañada de una alta tasa de deserción; bajo porcentaje de estudiantes promovidos y sobrecogedores índices de sobre edad. Niños y niñas, jóvenes y no tan jóvenes han tenido que permanecer fuera de las aulas por falta de cupo o por los problemas económicos que los afectan tanto a ellos como a sus padres. Todos esos rezagos en materia de instrucción pública se expresan en el bajo promedio de escolaridad de la población dominicana (alrededor de ocho cursos de educación primaria) y en la baja capacidad tecnológica de la mano de obra del dominicano común. ¿Qué hacer para resolver todos esos problemas que tanto afectan a la calidad de la educación pública? Aumentar la inversión económica en dicho sector y elevar la capacidad profesional y técnica de los maestros en servicio.
Uno de los grandes problemas con que tuvimos que enfrentar los formuladores y ejecutores del Plan Decenal 1993-2003 fue la falta de maestros capaces de implementar las nuevas modalidades de enseñanza aprendizaje, el uso de nuevas tecnologías de comunicación y el manejo eficiente de nuevos contenidos curriculares. El esfuerzo desplegado por todos hizo de dicho plan el más exitoso desde el emprendido aquí por Eugenio María de Hostos a finales del siglo XIX hasta nuestros días.
Durante las últimas décadas, en casi todo el mundo, han estado ocurriendo grandes cambios como consecuencia del desarrollo de las tecnologías de la información, de la reestructuración económica, de la competencia internacional, del movimiento multicultural, y de reformas en el ámbito del Estado, entre otros no menos importantes que los mencionados. En ese contexto, los sistemas de instrucción pública tienen que enfrentase a numerosos problemas, incertidumbres y desafíos. Refiriéndonos a los nuestros, ¿ha fracasado la reforma educativa? Nos parece que no. Que todavía disponemos de tiempo y de recursos para evitarlo. Habremos de ampliar esta serie a una entrega para dedicarle más espacio al problema de la capacitación docente.