AMPARO CHANTADA
La sociedad dominicana está a punto de convencerse que el ordenamiento territorial es una necesidad. Las catástrofes recientes, desde George hasta Noel, pasando por las lluvias de Jimaní, han evidenciado que los costos, humano y económico de los impactos, son muy elevados, que hay que evitarlos.

Después del paso del ciclón George, los seguros de las edificaciones hoteleras se han triplicado para proteger edificaciones localizadas en zonas de riesgo mientras los costos de las reconstrucciones de infraestructuras destruidas y la recuperación de la producción agrícola son impactantes para la economía nacional, ya que la gran mayoría de los productores agrícolas no pueden costear tales seguros.

Es el momento preciso de reflexionar sobre esa práctica, ya que la tendencia actual de las ciencias es la ínfima división y especialización del saber y que pocos profesionales o analistas sociales tienen formación para «leer» el territorio con una visión holística. La comprensión de los fenómenos espaciales, los desplazamiento y re-localización de las poblaciones, la concentración urbana, la desaparición provocada de las estructuras agrarias tradicionales, la formación de barrios marginados, la segregación, la fragmentación general del espacio con la formación de espacios relegados y otros «conectados» se comprenden si el análisis de esos procesos involucra todos los actores y prácticas que inciden en la conformación de los espacios y subespacios, pensando en la zona fronteriza. El comportamiento de los capitales y su origen que modifican los recursos naturales, su modo de operar y la velocidad con la cual quieren operar son elementos claves para explicar la configuración general del territorio. De ésta dependerá la localización de los factores de riesgos y los impactos ambientales. Que exista ricos y pobres no debe sorprendernos, pero que la localización de los más pobres coincidan exactamente con los espacios más expuestos a riesgos ambientales deben inducirnos a reflexionar sobre la formación de esa relación, tratar de entender por dónde empezar si por la localización o por la erradicación de la pobreza. El Estado y su capacidad de modificar los espacios, regionales, municipales, en seguros o inseguros, rentables o no, su voluntad de descentralizar, en regiones y municipios, es el responsable o el encargado por la sociedad de provocar los cambios necesarios para acelerar los procesos de democratización de la gestión del territorio, introduciendo mecanismos de consulta y participación, de delegación, de redistribución de los ingresos nacionales en función de las debilidades regionales, así como proveer de bienestar y de calidad de vida a la población, hasta el nivel local.

Con una visión holística, se sobre impone una visión ambiental subyacente, donde la productividad o el valor de los ecosistemas se potencien y se protegen, donde el concepto de ciclo de reposición de la naturaleza se imponga sobre el ciclo de la reproducción del capital, obligando al Estado a imponer su concepción del «tiempo» ya que naturaleza y capital usan el tiempo y el espacio de manera diferentes; por lo tanto, éstos deben ser consensuados porque se trata de rentabilidad ambiental, financiera, de desarrollo futuro y de implementar una nueva práctica, que tienda a aproximarse a la «sostenibilidad». En las conclusiones del II Foro Internacional sobre transformaciones socio-urbanas y regionales, se llegó a hablar de «satisfacer necesidades sociales ambientalmente compatibles» ya que es el conjunto de la nación que debe elaborar lo que entiende por «necesidades sociales» y los profesionales adaptarlas para que sean «ambientalmente compatibles» y así lograr la adopción de «buenas prácticas» que no son mas que estrategias nacionales de desarrollo hacia la sustentabilidad.

Los fenómenos de despoblación de espacios por un lado y de densificación por otros, como ocurre con la zona fronteriza y la ciudad capital, Santo Domingo, deben convocar a la imaginación y a la creatividad. Revertir esos procesos representa muchos desafíos incontornables para garantizar no solo la soberanía nacional, sino la supervivencia de un sector agrícola del país que tiene en Haití, un mercado cautivo y que le da funciones comerciales a ciudades insostenibles sin esas relaciones sociales.