MIGUEL SUAZO
El trabajo de promoción de la Ley 200-04, del respeto al derecho de los ciudadanos a ser escuchados e informados, requiere de que una instancia especializada se encargue de su cumplimiento. Nuestra ley, a pesar de lo moderna que es. no lo previó y parte del trabajo realizado por el Comité Interinstitucional que coordina el Consejo Nacional de Reforma del Estado (Conare) es generar este aparato de coordinación.

Recientemente tuvimos una consultoría para obtener una propuesta de cómo enmendar la ley y así poder dar más garantías a la ciudadanía sobre el llamado «derecho a saber». Más de 100 personas de organismos estatales y de la sociedad civil se sumaron a este esfuerzo debatiendo la propuesta. Ha quedado en manos del Conare una unidad especializada para desarrollar con el Comité Interinstitucional la implementación de nuevas OAIs y de formular una propuesta de ley que al enmendarla proponga un órgano rector.

Su papel será a favor de dar más garantías a la ciudadanía para que sus reclamos por informaciones sean cumplidas y respetadas y que en caso de que no se cumpla o algunos no la cumplan existan caminos expeditos para obligar. En este momento que no existe ese organismo hay mucha laxitud y se depende mucho de las buenas intenciones (intención moral) pero su incumplimiento conduce a la coerción (decisión legal).

La unidad especializada es el órgano embrionario de lo que será el órgano rector y ya existe. Físicamente está ubicado en Conare, es transitorio, no tiene más poder que el de acompañar los procesos de las OAI y la de promover la creación del órgano rector. La recién finalizada Conferencia Internacional dejó las pautas trazadas para encaminar estos pasos. El apoyo del Banco Mundial, Parme y Onfed de Unión Europea han sido sumamente valiosos en el desarrollo de esta estrategia con el que Conare ha iniciado el desarrollo de esta gestión que le ha sido encomendada y que es parte de su espíritu reformador del Estado.

En un plazo de unos meses tendremos la propuesta en manos de nuestros legisladores con la clara intención de dar más participación y más garantías a la ciudadanía para que sus derechos se cumplan y se respeten y para fortalecer el Estado dominicano.