Hoy 
El nuevo concesionario de la mina de oro de Pueblo Viejo (ex Rosario Dominicana) está haciendo, por mucho, la mayor inversión privada que ha tenido lugar en nuestro país. Es una inversión muy grande, aun a nivel mundial. Sin embargo, nuestro gobierno optó por seguir una política de no informar al país sobre los resultados de las negociaciones que luego se plasmaron en el nuevo contrato.
Por datos muy extraoficiales, se sabe que, ante un impasse, la Junta Directiva de la Barrick, entre cuyos miembros están el ex presidente Bush (padre) y Gustavo Cisneros, contrató al ex embajador Hertell como cabildero y nuestro gobierno reaccionó nombrando a dos prominentes empresarios dominicanos como contrapeso, al tiempo que utilizó los servicios de técnicos sugeridos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y también a la firma que encabeza Julio Ortega Tous.
Finalmente se llegó a un acuerdo, pero el gobierno no dio detalles. Este fue enviado al Congreso sin que siquiera se anunciase ese trámite y las discusiones en el hemiciclo fueron muy limitadas. Cuando se aprobó, tampoco el gobierno dio explicaciones.
Es lógico, pues, que la gente quiera saber en qué consiste el acuerdo, sin tener que estudiar muy detalladamente gacetas oficiales donde aparecen enmiendas a un contrato previo el de la Placer Dome. Cuando se firmó el acuerdo con la Falconbridge, una inversión muy inferior a la de la Barrick, la mayoría de las críticas de entonces provinieron de elementos izquierdistas revolucionarios aunque individuos inescrupulosos buscaron que se les pagara para obtener su silencio. Estos últimos callaron cuando se dieron cuenta que la multinacional no les pagaría y los otros también lo hicieron pero por debilitamiento ideológico, sobre todo cuando cayó el Muro de Berlín. Un reflejo del cruel empeoramiento de nuestro sistema de valores como sociedad es el hecho que en las críticas de hoy hay más chantajistas que revolucionarios. Sin embargo, gracias a Dios, personas serias y no politizadas, incluyendo periodistas, con razón critican el acuerdo con la Barrick.Durante los 15 años en que la mina de oro estuvo administrada por el Estado, éste creó un desastre ecológico, con una contaminación enorme, que ahora la Barrick tiene que eliminar, sin haberla provocado, pero asumiendo el Estado buena parte del costo de remediarlo.
Pero sobre los impactos tributarios es que menos se sabe. ¿Hay depreciación acelerada que reduce inicialmente la recaudación del impuesto sobre la renta? ¿Hay depreciación por agotamiento? ¿Cuán fuerte es el apalancamiento con sus consecuentes costos financieros a expensas de accionistas y el Estado? ¿Dónde están las proyecciones de flujo de efectivo que evidencien lo que le entraría al Estado y a los accionistas asumiendo diferentes niveles de precios del oro? ¿Es cierto que durante los primeros años el Estado recibirá poco? ¿Cómo se determina el precio de venta del oro? ¿Quién lo compra? ¿Se pueden hacer ventas a futuro? ¿Qué recibirá el Banco Central a cambio de vender la totalidad de las acciones que poseía en la Rosario?
El Estado es el que otorgó la concesión por lo que debe ser éste, y no el beneficiario de la misma, como lo hizo recientemente, quien deba dar las explicaciones al país. Para los que defendemos, en principio, la inversión extranjera, se nos hace difícil hablar bien de un acuerdo sobre el cual el Estado no ha querido dar explicaciones, a pesar de ser la más importante inversión extranjera que ha tenido hasta la fecha nuestro país y que probablemente tendrá durante muchos, muchos años.
El gobierno debe de pedirle, por ejemplo, a Juan Hernández que explique los aspectos tributarios y a un experto de la Secretaría de Medio Ambiente los aspectos medioambientales.
El gobierno negoció en secreto. Si ahora no ofrece todas las explicaciones se corre el riesgo de que los demagogos se inventen los aspectos tributarios y medioambientales. El contrato ya ha sido negociado y aprobado por el Congreso. Ni el Poder Ejecutivo ni el Congreso lo pueden modificar unilateralmente pues se violarían elementos jurídicos elementales. Lo que sí puede la opinión pública es presionar para que se consigan todos los detalles.
