El presente año ya tiene su sello característico. Este ha sido conformado por la acción reinvindicativa del Estado con el 4% a Educación y el inicio de las conversaciones para modificar el contrato de la Barrick después del inicio de las operaciones comerciales del procesamiento del oro de los sulfuros de Pueblo Viejo.

Ese oro augura cuantiosos ingresos a la empresa, que se arriesgó a invertir más de $3 mil millones de dólares en un proyecto incierto, por la novedosa  técnica para extraer el oro en su estado más peligroso para el medio ambiente y los humanos, que era estar mezclado con los sulfuros.

La abundancia de dinero que disfruta Educación con su nuevo presupuesto, que le ha permitido darle inicio a la reconstrucción y construcción de más diez mil aulas para estar listas en septiembre del 2013, ha desatado  las siempre latentes  aspiraciones magisteriales de mejores salarios, que ahora lo avizoran como suculentos manjares frente  a sus magros  ingresos que apenas les permiten subsistir.

Al mismo tiempo, los políticos y un regimiento  de organizaciones populares, profesionales y políticas,  han visto  en el oro de la Barrick la oportunidad de atraer más beneficios colaterales, como los ya obtenidos en el 2009,  cuando el Congreso aprobó el contrato de explotación y el inicio de la construcción de la planta de Pueblo Viejo. El ambiente mediático está cargado y saturado de todo tipo de opiniones y amenazas, muchas sin una adecuada reflexión,  que hasta quisieran ver a la Barrick fuera del país.

La Barrick, ante el manjar que le deberá producir la  explotación  del oro de los sulfuros, pudo eliminar el mortífero pasivo ambiental  que había  dejado la Rosario, cuando irresponsablemente, y sin conocimientos científicos, procedió a mover el terreno con el oro de los sulfuros, que al entrar en contacto con la atmósfera, contaminó severamente ríos como el Margajita, dándole  un tinte rojo, que casi 30 años  después es que se ha logrado eliminar ese pasivo ambiental.

Es de justicia que la riqueza  del suelo dominicano sea parte del patrimonio nacional. Desdichadamente,  la experiencia histórica confirma que esos recursos para el bien común  se pierden en los bolsillos de los políticos que muestran su opulencia  con sus acciones y exhibiciones de aprovechamiento impune de todo lo que era para el beneficio colectivo. El reguero de desechos empresariales  que pertenecieron una vez al Estado, desde fábricas de pintura y cemento  hasta centrales azucareros, señalan y acusan a una clase irresponsable y voraz, que todo que huela al Estado,  debe ser dilapidado  y sustraído para sus beneficios.

El caso de la Rosario, y tal como dijera Ramón Flores,  que produjo el insólito caso mundial de que sus administradores quebraran una mina  de oro, es otra muestra de la particular “capacidad” del Estado como administrador de la riqueza nacional. Mientras más recursos le ingresen al Estado, mayor serán los fondos  que se desvíen hacia manos particulares, tal como se pretende hacer con el 4% para Educación. Las aspiraciones salariales de los maestros es para convertir en sal y agua ese notable volumen de recursos que en este año le ingresará a Educación.

 Fue muy valiente y responsable el mensaje del presidente Medina, el pasado miércoles 27 ante las Cámaras Legislativas en sesión conjunta. En ese mensaje sentenció que convencerá a la Barrick Pueblo Viejo a dialogar para llegar a un acuerdo moral y equitativo, que en lugar de tan solo el Estado recibir tres dólares por cada cien dólares que ingresen de la venta de oro, se incremente razonablemente la participación del Estado en una distribución más justa, razonable, moral y ética, ya que es un patrimonio de la nación.