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El pacto de gobernabilidad que se propone ante las perspectivas de crisis económica implica una profunda reforma política que afiance la institucionalidad democrática
Tras una reelección presidencial manchada por el abuso de los recursos del Estado y en la perspectiva de crisis económica se impone un pacto de gobernabilidad que implique una profunda reforma constitucional y política para afianzar la institucionalidad democrática.
En lo inmediato corresponde al gobierno reelecto elaborar y presentar planes para afrontar los desafíos del galopante incremento del precio del petróleo y de los alimentos, la recesión internacional y los dispendios y excesos en el gasto público verificados durante la larga campaña electoral.
La responsabilidad de asumir las lecciones del proceso electoral no corresponde sólo a los partidos políticos, sino también a las diversas expresiones organizativas de la sociedad dominicana si es que se quiere superar las rémoras del clientelismo, el rentismo, el transfuguismo y la corrupción.
Una reelección manchada
El consenso generalizado es que las elecciones presidenciales del 2008 han sido las mejor organizadas de la historia nacional, pero al mismo tiempo una de las más manchadas por el abuso de los recursos estatales que confirieron una enorme ventaja competitiva al partido que resultó ganador.
Ni siquiera la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos ni la embajada de Estados Unidos pudieron evadir, amparados en el discurso diplomático, la responsabilidad de señalar la apabullante presencia del Estado manchando el carácter igualitario que debe tener una competencia democrática.
El movimiento cívico Participación Ciudadana documentó en cuatro informes preelectorales el abundante uso de los recursos públicos para la conformación de una alianza sin precedente de 12 partidos políticos y 615 movimientos de apoyo promovidos por los funcionarios gubernamentales configurando una competencia desigual.
Muchos prefieren ignorarlo, pero hasta en la misma jornada de votación se llegó a la ignominia de la compra, o más bien alquiler, de cédulas de identidad a personas pobres para evitar que votaran, lo que también fue comprobado por observadores y periodistas en múltiples ámbitos nacionales, incluyendo barrios capitalinos. El vespertino El Nacional del mismo 16 de mayo consignó la ocurrencia y la condenó en un editorial recordando que es un delito criminal y «constituye un escándalo que sacude, con todas las consecuencias, el sistema político en general».
El alquiler de cédulas no podía ser tan significativo para cambiar el resultado electoral, pero muestra los niveles de abuso a que se llegó desde mucho antes de iniciarse la campaña electoral. Bastaría señalar la documentación pública de la nómina de pago de los 42 mil 434 presidentes de los comités de base del partido gobernante, ascendente a más de 1,717 millones de pesos anuales por parte de dos secretarías de Estado y otras siete entidades gubernamentales, y la de 1,209 «inspectores» del Instituto Agrario ascendente a 238 millones de pesos anuales. Ambas totalizan casi 2 mil millones de pesos anuales, el doble de los 1,060 millones de pesos del financiamiento legal que correspondió a todos los partidos para este año electoral.
En su editorial del 19 de mayo, HOY planteó que «La democracia dominicana no puede seguir validada casi exclusivamente en la oportunidad de votar sin interferencias ni coacciones los 16 de mayo. Si lo que va a seguir precediendo a ese momento es la inequidad del uso de recursos públicos y el frenético empleo, en que la mayoría de los aspirantes incurren, de los discursos demagógicos, la dádiva y el sofisma para presentar como viable lo que en verdad es irrealizable, la nación continuará frustrada por un juego comicial que no garantiza el triunfo de los mejores ni la eficacia de las gestiones».
Que arranque el gobierno
Nadie debe discutir el derecho de los partidos de oposición a denunciar las anomalías del proceso electoral concluido y menos el gobierno si quiere revertir el clima de recriminaciones y descalificaciones que caracterizó la campaña electoral, cuando se llegó a proclamar el monopolio del pensamiento y la conceptualización.
Exabruptos como el del secretario Administrativo de la Presidencia, Luis Manuel Bonetti frente a la propuesta de austeridad y control del desbordado gasto público formulado esta semana por la Federación de Asociaciones Industriales, en nada contribuyen a crear el clima para un pacto de gobernabilidad.
Tampoco contribuyen las descalificaciones al principal partido de oposición que obtuvo un 40 por ciento de los votos, ni siquiera a los participantes que registraron menores proporciones. No sólo tienen derecho a poner condiciones para participar en la búsqueda de consensos tantas veces burlados, sino que están en el deber de hacerlo si no quieren suicidarse políticamente.
Al gobierno no sólo le corresponde crear el clima de entendimiento, a la luz de los desequilibrios que amenazan a la nación, sino también tomar la iniciativa en la formulación de propuestas para la gobernabilidad y la solución de deficiencias ancestrales, con riguroso orden de prioridades y convincente disposición a cumplir tentativos acuerdos.
Pese a todas las marrullerías que viciaron la elección, los opositores no tienen alternativa real a reconocer el 54 por ciento de los votos que fueron depositados por la continuidad de los gobernantes, pero éstos no pueden ignorar el 46 por ciento que prefirió las otras opciones. Tampoco deben ignorar que un 29 por ciento del electorado no votó, muchos porque no creyeron en las ofertas y por insatisfacción con el sistema de partidos. Estos no han renunciado a la ciudadanía.
Alcances de un pacto
No es sólo a los partidos de oposición a los cuales corresponde exigir reformas políticas para que las competencias electorales futuras sean realmente limpias y democráticas, sino a todas las expresiones organizativas de la sociedad. No es responsabilidad exclusiva de Participación Ciudadana, la Fundación Institucionalidad y Justicia y algunos medios de comunicación, sino de todas las entidades sociales, empresariales y religiosas interesadas en la institucionalidad democrática.
El presidente de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, a tres días de la votación, declaró como prioridad una reforma electoral y una ley de partidos políticos, lo que antes también han reclamado el presidente del organismo Julio César Castaños y otros jueces. Y hay que emprender esas reformas de inmediato para que no llegue otro proceso electoral y se argumente que no hay tiempo, como ocurrió el año pasado cuando se intentó reglamentar la campaña electoral y la rendición de cuentas financieras de los partidos.
El pacto de gobernabilidad que ya han propuesto dirigentes empresariales y sociales es fundamental ante los retos económicos, pero tiene que ser integral abarcando políticas económicas, particularmente fiscales y de incentivo a la productividad, así como de orden político e institucional, para que rebase lo coyuntural y se proyecte como práctica que siga a toda elección de autoridades.
Cualquier acuerdo deberá ser acompañado de una firme actitud de los partidos y las organizaciones sociales, instituyendo mecanismos de seguimiento, aún cuando se conviertan en decretos, leyes y hasta en una reforma constitucional. Si quieren simples discursos declaratorios de prioridades y austeridad que consulten el pronunciado por el presidente Leonel Fernández al juramentarse el 16 de agosto del 2004, o que recuerden la suerte de la ley de austeridad para el 2007 propuesta y promulgada por él mismo para justificar la última reforma tributaria..
No debe olvidarse
Ni siquiera a nombre de la gobernabilidad deben olvidarse las inequidades del empleo de los recursos estatales en la campaña electoral, ni abusos como la iniciativa del Ministerio Público, también documentada y nunca desmentida, que dispuso la intercepción de los teléfonos de una veintena de dirigentes de oposición y de sus comandos de campaña.
Sólo esto último constituiría una crisis política en una nación de mediana intensidad democrática, como lo reconoció en conversación privada un legislador sudamericano invitado a observar la elección por el propio partido gobernante, tras escuchar la exposición que nos correspondió formular en el panel organizado el 14 de mayo por la Junta Central Electoral para los observadores internacionales.
La endeble y viciada cultura política nacional no se sorprende por los abusos registrados en las campañas electorales, que esta vez se multiplicaron, pero observadores internacionales y diplomáticos quedan perplejos, por ejemplo ante el hecho de que se utilice todo el poder del Estado para socavar organizaciones políticas de oposición incentivando y financiando el transfuguismo, como ocurrió con el Partido Reformista Social Cristiano.
Declarar un simple borrón y cuenta nueva sobre esas ignominias, como algunos pretenden, sólo serviría para seguirlas legitimando y para que se repitan eternamente bajo el argumento de que otros lo hicieron antes. Buscarle remedio tiene que ser parte importante del reclamado pacto de gobernabilidad que debería seguir a la elección, no sólo para enfrentar las amenazas a la estabilidad económica derivadas de la recesión internacional, el costo del petróleo y los alimentos y del dispendio de la campaña electoral, sino también para emprender un nuevo y reclamado proyecto de nación.
