Balaguer, que no tenía confusión de ideas, era consciente de las consecuencias de la ruta doctrinaria de la eficiencia neoliberal que recomendaban Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Todo cambió con Leonel Fernández, dijo al país que privatizaba la CDE para terminar con apagones, subsidio y la inestabilidad financiera, la subdividió en varias sociedades el 24 de junio de 1997, luego de promulgar la Ley No.141-07 sobre Reforma de la Empresa Pública.

Diez y seis años después pagamos su improvisación. El subsector atraviesa por la peor crisis desde que en Baní se instala el primer alumbrado eléctrico en 1845, en sustitución de los faroles de vela y cera, o desde que Horacio Vásquez emite el decreto que da inicio al sistema eléctrico nacional y autoriza la operación de la Compañía Eléctrica de Santo Domingo propiedad privada en 1928.

El fracaso está a la vista. En promedio y al mes, el usuario soporta 17.7 apagones, con una duración de 4.5 horas, siete veces más que la media de 2.5 de América Latina y el Caribe. Paga la tarifa eléctrica más alta de la Región, cuando se suponía que debía igualar el costo marginal de un kilovatio/hora. A final del 2013, en los sectores industrial y comercial pagó US$0.2572 y US$0.6373, muy superior al promedio de la Región de US$0.1556 y US$0.2122, respectivamente.

Enorme es la brecha entre ingreso y gasto que el Gobierno compensa con dinero del presupuesto, causando daño macroeconómico al aumentar el déficit fiscal y la deuda pública. Sin sumar la deuda flotante con generadores (US$905 millones), en parte porque las distribuidoras pierden 42% de la energía que compran, casi tres veces el promedio de América Latina, el subsidio acumulado será de US$10,125 millones desde el 2005 hasta final de 2014. Con lo que se pudo comprar los 720 megavatios que el gobierno instala en Punta Catalina, Baní, y sobraba mucho dinero para salud y educación.

Si hay certidumbre de que las dos plantas a carbón entrarán en operación en 2017, con la firma del pacto el gobierno estará en mejores condiciones para renegociar los contratos que se vencen (San Felipe en 2014; Cogentrix en 2018; los del Acuerdo de Madrid en 2016 y AES en 2016), y el usuario de la energía podrá tener esperanza realista de que pagará menos por el kilovatio/hora. Para que el pacto no se convierta en otro compendio de poesías, por decreto debe puntualizarse su objetivo, que es reducir la tarifa, lo que pasa por contratar energía a un menor precio, aumentar la generación de bajo costo e invertir en distribución, con cifras y fechas específicas.

Evita que en pocos años estemos hablando de la tercera renegociación, el Acuerdo de Madrid fue la segunda, Trujillo lo hizo primero. Su pantomima fue denunciar el contrato al poco de tiempo de haberlo firmado con la Compañía Eléctrica de Santo Domingo, subsidiaria de la Stone & Western Co. y relacionada con Chase Manhattan Bank. Alegó que la tarifa era muy alta, debía reducirse, que la empresa debía comprometerse con inversiones puntuales, logró ambas cosas, teatralidad evitable, como también lo era el Acuerdo de Madrid que redujo la tarifa, de Leonel Fernández no haber tenido confusión de ideas en 1997.