La Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, establecida por la Ley Número 1-12, en su capítulo X establece 3 pactos nacionales en apoyo a este plan de nación que deberían concretarse entre las distintas fuerzas económicas y sociales para permitir la adopción de políticas que por su naturaleza requieren un compromiso de Estado y la acción solidaria de la nación: el pacto educativo; el pacto fiscal y un tercer pacto para solucionar la crisis estructural del sector eléctrico, asegurando la previsibilidad en el marco regulatorio e institucional para posibilitar la inversión en la energía que demanda el desarrollo nacional, mejor conocido como el pacto eléctrico.

En cumplimiento de la Ley Número 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo, el Decreto 389-14 del 13 de octubre de 2014, vino a organizar el espacio para la discusión y la concreción del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico con el propósito de encontrar soluciones a los problemas nodales del sub-sector eléctrico.

Como se ve, el pacto eléctrico busca en garantizar la instauración en el subsector eléctrico de los mecanismos de evaluación y rendición de cuentas integrales, sistemáticos, permanentes y transversales para todos los procesos y actores públicos y privados del sistema eléctrico del país.

Este pasado jueves 25 de febrero el pacto eléctrico fue firmado en un acto encabezado por el presidente Luis Abinader en el Pacto Nacional. Donde habla muy bien de las autoridades la invitación cursada a Rubén Bichara, Radhamés Segura, Radhamés del Carmen y Juan Ariel Jiménez, representantes del sector energético y el área económica del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) quienes estuvieron involucrados en la gestión del Pacto Eléctrico, en los pasados gobiernos del PLD.

Por varios años actores representativos de la sociedad debatieron los temas más relevantes del sector eléctrico, logrando, después de arduos debates el consenso sobre 212 temas y se establecieron 14 disensos que deberán ser abordados en el mediano plazo. La solución de los disensos y el cumplimento de los consensos serán monitoreados por un Comité de Seguimiento y Veeduría, un órgano que el mismo pacto establece.

La verdad es que desde que finalizaron los debates sobre este pacto, han sucedido varias cosas en el país. El Partido Revolucionario Moderno que era oposición y se oponía al pacto, hoy es el partido de gobierno y apoya lo pactado.

Se ha empezado a implementar algunos temas acordados. Los disensos van en camino de resolverse, los que no se han resuelto. El pacto obliga al gobierno a comprometerse con lo consensuado.

A asumir y ejecutar los acuerdos a que lleguen entre la Comisión Ejecutiva del Consejo Económico y Social y el Gabinete Eléctrico al abordar los disensos.

Cabe destacar que, este pacto es el mismo que fue planificado, discutido, consensuado y propuesto para la firma en diciembre del año 2017 pero pospuesto por diferencias entre los actores, como igual sucedió el 20 de febrero de 2019.

Sin embargo, hay que señalar que, a través de un comunicado, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) indicó que ahora aprobaba el Pacto Eléctrico, porque las 12 propuesta que presentó el 19 de febrero del 2019 y que no fueron incluidas pueden ser perfectamente ejecutadas hoy desde el gobierno bajo la Ley 125-01 y sus reglamentos sin necesidad de nuevas rondas de discusiones.

La presente situación de crisis sanitaria y económica nacional y global trae retos importantes a un subsector tan vital para el desarrollo de nuestro país, como lo es el eléctrico.

Mejorar la eficiencia de las empresas distribuidoras de energía, el destino de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina junto con esta firma del pacto eléctrico que acusaba casi 9 años de retrasos, son partes de los desafíos que enfrentan las autoridades nacionales.

Que se ven obligadas a asumir la eliminación de sobrecostos y distorsiones, promover la expansión del uso de las fuentes renovables, reducir a su mínima expresión la contaminación ambiental e introducir innovaciones tecnológicas en generación, transmisión, distribución y comercialización en el sector energético.

Y es que el gobierno dominicano ha transferido al subsector eléctrico más de 11 mil millones de dólares, en los últimos 7 años, que han sido destinados a cubrir el déficit financiero de las empresas públicas del sector y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas estatales (CDEEE).

De manera que, las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE), la CDEE, la Empresa Generadora Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) y la Central Termoeléctrica Punta Catalina deben ser sometidas a un proceso de reducción de gastos corrientes.

Junto con esto hace falta revisar el plan de expansión del sistema eléctrico nacional y construir las nuevas centrales necesarias para mantener la generación acorde a la demanda energética que exige el desarrollo nacional.

Este es un punto donde hay que felicitar a las autoridades energéticas que, en las palabras del ministro de energía y minas Tony Almonte, se aprestan a anunciar en los próximos días una licitación pública para la instalación de 800 megavatios de energía a gas natural y una terminal gasífera en la Bahía de Manzanillo, que son dos de los temas acordados en el pacto y que se está en los aprestos para su aplicación.

Hay otros temas del pacto que ya se aplican como: la creación de la Comisión de Liquidación de la CDEEE, la eliminación de dos, de los tres consejos de administración de las empresas de distribución eléctrica, la eliminación del consejo de administración de la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS), la licitación para auditar el proceso de construcción de Punta Catalina, y las auditorias financieras a las tres distribuidoras.

El Pacto Nacional para la Reforma del Subsector Eléctrico como ya vimos busca fortalecer la eficiencia, eficacia y seguridad jurídica del subsector, ya que procura eliminar los incumplimientos, los solapamientos de roles, las insuficiencias legales y las distorsiones presentes en la aplicación de las normativas.

Crecen las expectativas en que la implementación de este pacto marcará un cambio en el devenir de la nación, por lo que se confía en el cumplimiento de los compromisos políticos que han sido asumidos en el mismo, para que estos se produzcan en los tiempos acordados, ya que, de lo contrario, no tendría ningún sentido la firma de este documento que como ya dijimos tiene casi 9 años de atraso.