Leandro Guzmán
Los que hemos escuchado decir que el reciente pacto político-electoral entre reformistas y perredeístas fortalecerá la democracia y garantizará el desarrollo no podemos más que sonreír ante semejante optimismo. Los que hacen tales planteamientos son demasiado inteligentes como para no darse cuanta de que es todo lo contrario.
Veamos: El pacto, fundamentalmente, está aparentemente sustentado en la repartición de candidaturas, pero en el fondo lo que persigue es desgastar al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) no solamente para las elecciones congresuales y municipales previstas para el año próximo, sino también para el torneo electoral del 2008.
Solamente hay que leer entre líneas el anuncio de los perredeístas en el sentido de que junto a los reformistas se formará un bloque congresional que, entre otras cosas, sacará del nuevo Presupuesto la partida destinada a financiar parcialmente el famoso Metro. En ese caso, las obras quedarían suspendidas hasta nuevo aviso, dependiendo del resultado de las elecciones parciales.
Uno se pregunta si ese mismo bloque no boicotearía también iniciativas importantes del Poder Ejecutivo, mediante un proceso político fríamente calculado, que condicione a la opinión pública de tal modo que incrementaría su oposición al Gobierno, ante la realidad de estar maniatado por un Congreso donde la oposición mayoritaria de dos partidos políticos sería la que lleve la voz cantante.
Siempre se ha dicho que es una amenaza para la democracia y la gobernabilidad el hecho de que un partido político controle las cámaras legislativas. Ese peligro es aún mayor cuando se trate de dos partidos, que harían lo que les venga en ganas por contar con una especie de aplanadora, como ocurrió en un pasado no muy lejano.
Hay que recordar también que en 1996 se formó el llamado Frente Patriótico entre el Partido Reformista Social Cristiano y el PLD, lo que permitió al actual Presidente Leonel Fernández asumir el primero de sus mandatos. En realidad, ese Frente Patriótico lo que perseguía, como en efecto logró, era impedir la llegada a la Presidencia del doctor José Francisco Peña Gómez. Consideraban que un negro no podía sentarse en el Palacio Nacional, a pesar de sus grandes condiciones de liderazgo y relaciones internacionales, con un propósito evidente de producir cambios estructurales fundamentales en la República Dominicana.
El tiempo demostró lo fallido de ese Frente Patriótico. Todos recordarán las quejas de los reformistas en el sentido de que el Gobierno del PLD los marginó, a pesar de haber sido la herramienta decisiva para su triunfo. Es probable que los reformistas todavía recordarán eso para no aceptar un acuerdo con el PLD, decidiéndose en cambio por el PRD, que aparentemente les ofreció más de lo que exigían.
En el reformista predominan dos criterios disidentes: los sustentados por su ex candidato presidencial Eduardo Estrella, quien considera que el PRSC debe ir solo a las elecciones para determinar realmente cuál es su fuerza; y las del llamado Consejo Presidencial Reformista, que si bien es un grupo minoritario que apoya al Gobierno y donde hay muchos representantes suyos, además de su gran influencia económica ninguna de estas posiciones que rechazan al Pacto podrían evitar las consecuencias efectivas de dicho Pacto.
Si en verdad los actores de ese ensayo político buscan la democracia y el desarrollo, lo que debieron hacer fue proponer una alianza de unidad nacional, que comprometa a sus participantes a poner en marcha un programa de Gobierno encaminado a fortalecer la democracia y la institucionalidad y, por supuesto, la gobernabilidad, que permita avanzar en el desarrollo económico y la justicia social.
Obsérvese que en el pacto de los reformistas y perredeístas se habla de que se tratará de modificar nuevamente la Constitución, citándose como posibles logros la modificación del artículo 55, que permite al Presidente de la República estar a menudo incluso por encima del Congreso, especialmente en cuanto se refiere a crear impuestos por la vía administrativa. Otro anuncio es que la modificación anunciada se incluyan los derechos ambientales, algo que está previsto en la Ley 94-00 que creó la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sin embargo, no han hecho ninguna referencia a la necesidad de establecer el referéndum y el plebiscito, que sí fortalecen la democracia, porque a través de ese mecanismo el pueblo puede ser consultado en cuestiones de alto interés público, sea que lo someta a su consideración algún político o los poderes del Estado, encabezados por el Presidente de la República.
Solamente cuando el pueblo participe en las decisiones públicas, a través de un referéndum o de un plebiscito, podrá afirmarse que avanzamos en la construcción de una democracia por la que se ha derramado tanta sangre y que amerita su perfeccionamiento.
Ojalá que los perredeístas y los reformistas cumplan su palabra y decidan modificar la Constitución para conquistar nuevos logros de la democracia, acordes con los tiempos actuales, que reclaman apertura y transparencia, con más participación de los sectores marginados, hasta ahora excluidos de la toma de decisiones.
En caso contrario, ese pacto no será sino otro acuerdo circunstancial, que en un futuro no lejano podría morir sin pena ni gloria.