CÉSAR PÉREZ
Los partidos Revolucionario Dominicano y Reformista Social Cristiano acaban de publicar lo que entienden las bases en que se asienta y justifica su recién formalizada alianza. Es un documento que plantea cuestiones importantes para la construcción de un mejor país, pero adolece de algunos objetivos programáticos que son fundamentales para impedir que este país siga su deslizamiento hacia el despeñadero.

Aunque de manera genérica, en el documento se consigna la voluntad de esos partidos de impulsar la reforma del sistema político dominicano a través de la descentralización de los organismos municipales, hacer acuerdos con otros partidos para que se respete la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, la aprobación de las leyes de Organización Municipal, de Compras del Estado, la Orgánica del Presupuesto del Sector Público y para sancionar la corrupción tanto privada como pública.

Otros propósitos importantes planteados en el documento, son entre otros, el fortalecimiento de la independencia de la Justicia, la reforma del aparato productivo, hacer cumplir las leyes de Agua, de Medio Ambiente. De Fomento Forestal, Sectorial de Pesca, la creación de un Código de Energía. Proponiendo, finalmente, una reforma constitucional, “amplia y consensuada”.

Sin embargo, su cuerpo electoral y quienes no formamos parte del mismo, podríamos preguntarnos porqué no lo hacen ahora. Actualmente tienen la mayoría suficiente en el Congreso para hacerlo, además tienen en sus manos, los proyecto de la Ley de Reforma de la Organización Municipal y la de Participación desde hace varios años sin que lo los hayan conocidos y aprobados. Además de aprobarlos, sería bueno pedirles que ampliasen su propuesta de reforma y de cambios sustanciales en nuestro sistema político.

Podrían plantearse que la aplicación de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa sea extensiva a todos los órganos del Estado, no solamente al ámbito de los poderes locales y que en estos últimos se consigne claramente los puestos de carácter político o de libre designación y aquellos que son técnicos a los cuales se accedería por concurso libre y transparente; que apliquen la ley que obliga a los ayuntamientos regirse por planes y a tener oficinas de planificación urbana.

De igual modo, deberían contemplar una reforma del sistema de financiamiento de los partidos que regule y limite los recursos que reciben, además que impida que éstos sean financiados por el sector privado y por el dinero que el contribuyente da al gobierno y que este lo utiliza para la promoción del presidente de la república, de algunos funcionarios-candidatos y del partido oficial, a través de los miles de millones de pesos que los gobiernos invierten en la publicidad de sus obras con fotografías del funcionario o presidente de turno, algo absolutamente prohibido en toda sociedad moderna.

El pacto podría plantearse una reforma constitucional, no para definir una ciudadanía que ya está definida en la Constitución, ni para congraciarse con determinados círculos del nacionalismo tuerto, sino para ampliar la forma de participación ciudadana en los procesos electorales, no sujeta a los caprichos de una Junta Central Electoral de dudosa legitimidad, ni sólo a través de partidos y que esta aplique la su ley reguladora del período de las campañas electorales. Que definitivamente se consagre la figura del Defensor del Pueblo, el cual se elija por sus atributos personales y cívicos y no a través de los acuerdos de los partidos mayoritarios, como han querido hacer.

El pacto que necesitamos debe contemplar un acuerdo entre los partidos para que ningún legislador tenga una llamada ONG para financiar sus actividades a costa del dinero del contribuyente, que limite sus privilegios de excesivos salarios, los cuales se los asignan a libre albedrío, además de las exenciones fiscales de que gozan para importar vehículos de lujo. Igualmente, podrían los coyunturales aliados propiciar la ley antitránfugas en el Congreso y los ayuntamientos y aplicar la que consigna que los regidores son funcionarios honorarios, sin derecho a salario.

En definitiva, se requiere un pacto para limitar la discresionalidad del ejecutivo en el manejo de los fondos públicos, que establezca el fin del grado a grado ahora mismo y no después que se hayan terminado obras tan absurda, costosa y onerosa como la línea la del metro, cuyo impacto sobre la ciudad el presidente de la república, en un insulto a la inteligencia y al conocimiento, lo compara con el que tuvo sobre París la torre de Gustave Eiffel. Para impedir que los presidentes, en franca violación a la institucionalidad, utilicen los fondos públicos para realizar obras en los municipios, a través de los gobernadores provinciales en los períodos electorales e irrespeten la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, como se hecho hace unos días.

Finalmente, para que una alianza política cumpla con estos y otros objetivos programáticos sustanciales debe crear mecanismos (de los cuales no pueden estar ausentes algunas componentes de la sociedad civil) que garanticen su continuidad una vez pasen las elecciones. Pero desafortunadamente, ese tipo de alianza que necesitamos no en la agenda de la mayoría de los dirigentes de los tres grandes partidos. Se necesita pues, una alianza de fuerzas políticas, sociales y económicas con objetivos realmente trascendentes, no coyunturales.