El análisis de cualquier pacto para desbloquear una coyuntura de un proceso político o de un conflicto armado, no puede eludir el contexto que lo produce, las consecuencias que este tenga sobre el discurrir cualquiera de estas circunstancias y, sobre todo, los poderes formales y/o fácticos que de manera manifiesta o velada lo desean y promueven, como es el caso del reciente Pacto Vargas-Fernández.

Para el presidente Fernández, lo esencial es mantener sus posibilidades de opción de poder de cara al futuro. El desgaste de tres periodos mandatos, la profunda crisis económica mundial reflejada negativamente en el país, la extensión de un generalizado movimiento de protestas populares y gremiales y dificultad para que se le apruebe un proyecto de Constitución hecha para su proyecto de continuidad como principal figura política del país, ha determinado su momentáneo cambio de táctica política.

En el caso de Vargas Maldonado, reinando cómodamente en un partido sin ideas, no se transa por nada, lo gana todo y ganando él, también gana Fernández y, en fin de cuenta, que es lo más importante, ganan los sectores económicos que quieren gestos de aparentes cambios en la esfera de la política para que en esencia nada cambie en su obsoleto modelo de hegemonía. Vargas se convierte el interlocutor principal de Fernández y sale proyectado en el imaginario colectivo y de su partido como la figura que asumiría la Presidencia en el 2012.

Fernández descansa cuatro años, deja en el poder un candidato que no es de su partido para evitar el desgaste de éste, para preservarlo como sostén de sus eventuales candidaturas futuras.

Con el Pacto se acentúa la tendencia en este país de hacer impolítica la política, pues reduce esta actividad a los recurrentes conciliábulos de los poderes formales y fácticos para arribar a acuerdos puntuales (que muchas veces una o las partes violan) superar las coyunturas que de otra manera, como es el caso, serían resueltas por la acción de los movimientos, grupos y o partidos en diversos escenarios. 

El Pacto, de hecho, hace al PRD compromisario de una Constitución que antes condenó y saca sus bases de los espacios donde se desarrollaban las acciones de protestas contra el gobierno, renovaría el mandato por seis largos años a muchos congresistas y síndicos/vicesíndicos (as) en ejercicio y satisface a los “nacionalistas”, porque ha permitido que en la nueva Constitución se consigne que son ilegales los hijos de padres residentes sin papeles.

El antirreeleccionismo puro y simple no es una posición política, es un mero estado de ánimo que también puede ser otra expresión del conservadurismo  que nos lleva a conformarnos a escoger el mal menor, casi permanentemente,  sin darnos cuenta, como es el caso, de que sólo la acción política y no los conciliábulos es lo que determina cambios realmente sustantivos.