-El caso Odebrecht en la picota-
El proceso de instrucción del sonado caso Odebrecht, por el soborno y sobrevaluación de obras por valor de más de mil millones de dólares contra el pueblo dominicano, fue en realidad un sainete político de baja calidad, para escurrir el bulto de las grandes culpas del Presidente Medina en esos eventos, traspasándoselos, modestamente, al PRM y a sus potenciales rivales dentro del PLD.
Con efecto, el simple análisis del expediente acusatorio, permite detectar la naturaleza real de ese engendro, ya que los primeros desembolsos de Odebrecht por el pago de sobornos, fueron hechos desde el año 2007 y terminaron en el 2015. En la primera fecha, el presidente del Senado ya no era Andrés Bautista, sino el Secretario General peledeísta Reinaldo Pared; y la Cámara de Diputados la presidía el también peledeísta Julio César Valentín y no Alfredo Pacheco, pero cuando se aprobaron en el 2004.
Empero, el padre de todas las corrupciones en los gobiernos del PLD, que es mucho decir, fue el proyecto de Punta Catalina, en el cual se concentró 51% de los sobornos y más del 65% de los préstamos y sobrevaluaciones, de los últimos quince años. Aunque sí se firmaron dos contratos por valor de apenas el 9% del total, durante el período de gobierno 2000-2004, y previamente los mismos fueron rebajados por los asesores técnicos del Presidente Mejía, y el entonces Presidente del Senado Bautista votó en contra de esos contratos.
En cambio, los actores principales de esos contratos leoninos, con sus generosas ampliaciones, algunas no autorizadas por el Congreso, que no se hicieron esperar a partir del 2004, ya bajo la administración de Leonel Fernández.
Lo que sí hicieron falta como acusados fueron Reinaldo Pared, Presidente crónico del Senado; Cristina Lizardo, presidenta por dos de esos años también de ese partido, Rubén Jiménez Bichara, Vicepresidente administrativo de la CDEEE, Gonzalo Castillo, Ministro de Obras Publicas 2012-2017; responsable de la mayor parte de las construcciones, carreteras y elevados; Vicente Bengoa y Simón Lizardo, Secretarios de finanzas, los dos responsables de los libramientos sin autorizaciones del Congreso; Rafael Alburquerque y Abel Martínez presidentes de la Cámara de Diputados; y sobre todo Leonel Fernández y Danilo Medina, que han fungido como presidentes de la República y beneficiarios de esos fraudes mayúsculos en prejuicio del pueblo dominicano, “asesoría electoral” incluidas, además de las decenas de otras violaciones delictivas que se han producido en los 17 años de desgobierno del PLD, a los que me referiré en un próximo artículo.