Según los datos hechos públicos por ONAPRES: Ingresos y Egresos del Gobierno Central para Octubre del 2003 los pagos por amortización e intereses de la deuda pública del Gobierno fueron de 2,494.5 millones de pesos en ese mes. Después de esos pagos, que significaron el 33.6% de los egresos del Gobierno, quedaron sólo 4,987.3 millones (66.4%) para pagos de otra naturaleza.

Los pagos de la deuda pública fueron sustancialmente mayores que los gastos corrientes de personal (dietas incluídas); 2,494.5 millones versus 1,995.8 millones. Los desembolsos por amortización de la deuda externa 1,368 millones fueron superiores a los de amortización y pago de intereses de la deuda interna: 1,127 millones. Entre los desembolsos de la deuda interna aparecen pagos debido a proveedores por 101.2 millones.

Obviamente la carga del pago de las deudas públicas ha disminuido notablemente la disponibilidad de fondos de la administración pública. Tenía razón parcial el Presidente cuando reclamaba más consideración para el alivio de la deuda externa. Sin embargo la carga mensual por deudas internas no es mucho menor; 702.6 millones de ella pagados a bancos comerciales.

Para captar la magnitud del problema del pago de la deuda pública es instructivo pensar en lo que significaría para un hogar destinar el 33.6% de sus ingresos al pago de sus deudas. La comparación es válida dado el carácter cuasi contractual de la mayor parte de los egresos del gobierno (salarios, transferencias, obras públicas emprendidas) y de los hogares (alquiler o pago de hipotecas, educación, empleados domésticos…).

En esas circunstancias la gran tentación es la de solicitar nuevos préstamos para ir sobreviviendo. En cualquier caso esa es, en mi opinión, la vía seguida por el Gobierno. Desgraciadamente vemos que tanto a nivel nacional como internacional los bancos o son optimistas sobre la capacidad de pago de los gobiernos o, a juicio de Stiglitz, confían que en caso de incapacidad de pago el Fondo Monetario Internacional no permitirá la quiebra sino prestará, con garantías, los fondos requeridos para pagar a los bancos las sumas prestadas. Lógicamente, los bancos nacionales, aunque en menor grado, deben sentirse también parcialmente cubiertos bajo el paraguas del Fondo.

Otra alternativa, común al gobierno y a los hogares, es buscar nuevos recursos. Los hogares lo hacen a través del pluriempleo; los gobiernos de nuevos impuestos. Obviamente la situación es muy distinta en el caso de los gobiernos: el incumplimiento de sus pagos puede evitarse a corto plazo mediante el expediente de pedir dinero prestado al Banco Central a menor tipo de interés que el de la banca comercial, o simplemente a cero interés. No hablo aún del recurso extremo de obtener recursos bancentralianos sin intención ni obligación de devolución.

Llegamos así al somero análisis de los principales recursos para gastar más el Gobierno que lo recaudado por impuestos, tasas o ventas de activos. El primer camino lo ofrecen bonos y préstamos bancarios, el segundo préstamos del Banco Central.

Las dificultades contra la emisión de bonos y la contratación de préstamos radica fundamentalmente en que tarde o temprano, en el caso dominicano muy temprano, hay que pagar lo recaudado más los intereses, que en tiempos como los actuales tienen que ser muy altos para correr el riesgo de prestar, en base a futuros nuevos impuestos o a emisión monetaria que devalúe la moneda nacional y eleve el nivel de precios.

Lógicamente en tiempo duros es difícil lograr la aprobación de nuevos impuestos. Ni siquiera los grandes beneficiados de una actual o previsible devaluación, los deudores en dólares y los exportadores, son sensibles a razones fundamentadas en el bien común. Más aún, como la recién experiencia lo muestra, retiran buena parte de sus depósitos bancarios para esperar el período postdevaluatorio que les permita traer su capital del extranjero a una mucho más favorable tasa de cambio: me los llevé a 30 y los traigo a 50 pesos el dólar. Por ahí van explicaciones fiscales de la inflación.

Si los motivos para comprar bonos o prestar dinero al Gobierno son de tipo utilitarista voluntario como reclama la economía de mercado resulta altamente improbable o sumamente costosa la utilización del primer camino para cubrir déficits fiscales de gran calibre. Ricardo, financista experto además de economista genial aunque autodidacta, analizó bien esta problemática.

Añadamos el “crowding out”, la expulsión del mercado bancario de los prestatarios privados debida a los altos intereses de los préstamos al gobierno y de la reducción de recursos prestables al sector privado, y caeremos en la cuenta de que en realidad el único camino viable (si prescindimos de la quiebra) es el financiamiento por emisión monetaria del Banco Central.

Para el Gobierno existe una primera gran ventaja: el Banco Central exigirá menos intereses que la banca o los compradores de bonos. En muchos países en desarrollo ni siquiera había que devolver esos préstamos. Legalmente los códigos financieros y monetarios llegan a prohibir todo préstamo del Banco Central al Gobierno, que tiene que usar para obtenerlos la intermediación más o menos nominal de un banco comercial estatal.

El monto de préstamos obtenidos de esta manera es, para evitar una inflación desproporcionada, inferior al demandado por el déficit fiscal pero la operación es realizable a menor costo y en principio no saca del mercado a prestatarios privados. Aunque la cantidad financiada opera como creación de dinero base, lo que afecta inflacionariamente a la economía si seguimos la escuela cuantitativa del dinero, el impacto sobre los intereses es menor, lo que disminuye el impacto de una posible recesión. El Banco Central hará lo posible por tratar de mantener estable la tasa promedio de los intereses de los bancos aunque para ese fin tenga que practicar políticas discriminatorias.

Me parece que, si los déficits son relativamente pequeños – lo que no refleja nuestra realidad deudora actual – el financiamiento monetario por el Banco Central es preferible.

La pregunta fundamental para el manejo del pago de la deuda pública pudiera ser la del tope recomendable para el endeudamiento público. La Unión Europea, por ejemplo, ha impuesto como regla la prohibición de todo déficit fiscal anual superior al 3% del PIB. La realidad de las más importantes economías europeas, Alemania y Francia, y de Estados Unidos sugiere que ese tope es demasiado optimista. Sus Bancos Centrales están insistiendo en que es preferible indicar un tope mandatario a la tasa de inflación y una mera recomendación sobre el porciento tolerable de déficit fiscal.

A nivel teórico no se ha encontrado la manera de fijar el tope de endeudamiento de un país. Sí es posible afirmar que estamos ante un empeoramiento de la situación deudora cuando la tasa de crecimiento de la deuda pública nominal es mayor que la del PIB nominal. Ese empeoramiento no tiene, sin embargo, que ser un tope, si el gobierno puede seguir honrando a tiempo todos los compromisos anteriormente contraídos. Cuando mensualmente algunos de esos compromisos no son satisfechos debemos decir que se ha agotado la capacidad de endeudamiento racional de un país.

Es evidente que de acuerdo a esa simple regla la República Dominicana está en esa situación. La lectura de la prensa registra las quejas de muchos prestatarios frustrados: reclamos de los pagos de la construcción de las facilidades deportivas de los juegos panamericanos, de los constructores de la autopista Duarte, de los proveedores de suministros para nuestras fuerzas armadas, de las generadoras de electricidad, de los operadores de las plantas de gas licuado, de los salarios de muchas oficinas públicas, etc. son un testimonio patente de endeudamiento excesivo, aunque muchas deudas provengan de anteriores gobiernos. A males pasados añadimos males nuevos.