CÉSAR PÉREZ
Que el día de las votaciones discurrió sin mayores incidentes y que el candidato del principal partido opositor haya aceptado su derrota una vez hecho público el primer boletín de la Junta Central Electoral, donde se anunciaba la tendencia de los resultados de la votación, no son los hechos más importantes a destacar sobre lo que se espera y supone significan los procesos electorales para la institucionalidad democrática de un país y como expresión genuina del ejercicio del pueblo para elegir sus gobernantes.

Todo lo contrario, diversos hechos ocurridos durante en este proceso electoral son signos de que seguimos retrocediendo en la lucha por el establecimiento de las reglas básicas en descansa una democracia representativa.

El uso abusivo de los recursos del Estado, una política electoral basada fundamentalmente en la construcción de un mercado cautivo de votantes, a través de la denunciada nominilla, los subsidios de factura prebendalista, las distorsiones en cierto manejo de las tarjetas de solidaridad y la compra de las clientelas de algunos activistas políticos de diversos signos, evidencian una generalización de la corrupción y de transfusguismo político que envilecen la política.

Una mayoría surgida de este contexto es de cuestionable legitimidad para lograr un consenso que sienta las bases para un acuerdo entre diversos actores para un proyecto de sociedad, además porque esa mayoría la dirigirá un partido que no discutió con los otros, sino que simplemente los descalificó como adversarios con los peores epítetos.

Otro problema que tiene es que esta no es nueva, sino una reelección de un gobierno y por lo tanto debe resolver el dilema de si será una simple continuidad o si tiene posibilidad de establecer algún cambio.

Si es un cambio deberá reorientar su política de inversión pública, acremente criticada por toda la oposición y por un importante grupo al interior del partido de gobierno durante el proceso de selección interna de su candidato presidencial.

Un cambio de su política de inversión significa identificar recursos para políticas sociales y mucho de ellos tendrá que sacarlo de los destinados a la actual construcción de la mega obra del Metro y en su eventual segunda fase.

De hacerlo estaría demostrándose la poca funcionalidad e impertinencia de la misma; de continuar con otra línea, no habrá recursos para la anunciada reorientación de gasto público.

Sobre las reformas políticas, debe decidir si introduce o no la reelección sin límite en el nuevo proyecto de Constitución. Si lo hace, desataría una caja de Pandora de demonios desconocidos. De no hacerlo, estaría abriendo el debate sobre su sucesor con discusiones y distracciones fatales para el discurrir de su gestión, aparte de que eso limitaría su liderazgo al interior de su partido. Además de estos temas, están los económicos, la crisis de los alimentos, de los carburantes y de de energía eléctrica, de los subsidios prebendalistas y de los nuevos socios políticos a los cuales deberá buscarle puestos en la nómina del gobierno.

De esta circunstancia, la lección que deben extraer tanto sectores de la clase política, como los empresariales y eclesiales que fueron cómplice de los desmanes cometidos, es que después de unas elecciones donde se violentaron las más elementales normas de conductas éticas y morales cualquier país es prácticamente ingobernable.