Sin una apropiada disponibilidad de consultas y camas en el componente privado del sistema de salud, pierde eficacia el crucial despliegue que debe caracterizar las funciones asistenciales ante la dramática multiplicación de casos de covid traídos por la variante ómicron.

Esta intensificación de contagios, que con rapidez envuelve a familias enteras y a distintas clases sociales, amerita con urgencia que a los hospitales públicos, ordinariamente presionados por una mayor demanda de atención desde el segmento social más numeroso y de menores ingresos, no les falte el complemento de las clínicas privadas.

Aun cuando las estadísticas indiquen que la enfermedad se manifiesta con menor gravedad y menor letalidad que antes, sus dolorosos síntomas progresivos (a ser evaluados sin demoras por especialistas) generan frecuentes urgencias de ingresos a los centros de salud tradicionales.

Al acudir a ellos se viene descubriendo que la mayoría redujo la capacidad de alojar pacientes que, en compromiso con la sociedad y en acuerdo con las autoridades, habían aumentado antes de recrudecerse las infecciones.

En la realidad, y a pesar de las cifras sobre suficiencias que pregona el liderazgo de la Salud Pública, la incomprensible renuencia a reabrir espacios de ciertos establecimientos privados tiene disminuidas las plazas que la población que enferma necesita apremiantemente para preservar la salud y la vida como un derecho que el Gobierno debe hacer respetar.