Claudio Antonio Caamaño Grullón fue combatiente desde niño, si vale distinguir con esa denominación a quien a temprana edad repudia el atropello que se comete desde el poder político o militar. Y de adulto, sus convicciones firmes sobre la libertad lo llevaron a poner en juego la vida para estar entre los protagonistas de primera línea en sucesos relevantes de nuestra historia democrática, como la guerra constitucionalista y en desembarcos insurreccionales. Su fallecimiento por causa de traumatismos severos sufridos en un accidente de tránsito, hace que el país pierda a un verdadero patriota. Y pone de relieve la necesidad de mejorar la oportunidad de los servicios médicos de emergencia.
Claudio fue uno de los principales asistentes de su tío, el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó. En el Gobierno constitucionalista desempeñó posiciones administrativas y militares de gran relevancia. Tanto en la revuelta como tras el desembarco de Playa Caracoles fue combatiente de primera línea. Siempre estuvo de por medio su convicción de que había que reponer las libertades atrofiadas desde el golpe de Estado contra el Gobierno constitucional del profesor Juan Bosch. Su grandeza queda de manifiesto en el arrojo y su sencillo estilo de vida, que costeaba con la producción de frutas. Nuestras condolencias a su esposa Fabiola y sus hijos Cania, Caren, Dioma, Javier, Manfredo, Claudio y Claudia.

Transparencia y objetividad

Debemos pretender a toda costa eliminar la posibilidad de que personas ligadas al crimen organizado o el narcotráfico logren colarse como candidatas a cargos electivos para las elecciones de mayo. Pero con la misma fuerza se debe evitar que falsamente y por querellas políticas, gente honesta aparezca como ligada a intereses indeseables. Transparencia y objetividad deben ser factores cruciales en la depuración de unos 20 candidatos que lleva a cabo la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos.
De nuevo salta a relucir la falta que hace la aprobación de una ley de partidos políticos y la adecuación de la ley electoral, para que tracen las pautas necesarias sobre la calidad moral de los candidatos y la limpieza de los recursos empleados en la financiación de las campañas.