El próximo 25 de noviembre se cumplirá medio siglo del horrendo asesinato  de las Hermanas Mirabal y de su chofer Rufino de la Cruz y ya fue creada la comisión oficial que preparará los actos conmemorativos.

Además, el Poder Ejecutivo  dictó ayer otros decretos para nombrar un nuevo viceministro de Trabajo y para modificar la Comisión Ejecutiva de Reforma de la Policía para incluir como miembros a varios generales.

El Poder Ejecutivo creó, mediante el 471-10, una comisión oficial  que se encargará de organizar los actos conmemorativos del 50 aniversario del asesinato de las hermanas Mirabal el  25 de noviembre.

La comisión la integran los ministerios de Cultura y de la Mujer, la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, el Senado de la República, la Cámara de Diputados,  el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones y la Fundación Hermanas Mirabal.

En uno de los considerando el decreto indica: “Que el 25 de noviembre de 1960, un grupo de esbirros, asesinos a la orden del gobierno tiránico encabezado por Rafael Leónidas Trujillo Molina, asesinaron vilmente a las activistas antitrujillistas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, junto a su chofer de confianza Rufino De la Cruz”.

Otro decreto es el 470-10 que designa a Juan Bautista Mieses, viceministro de Trabajo y el que modifica el artículo 2 del Decreto 220-10 que integra a la Comisión Ejecutiva de Reforma de la  Policía, en adición a sus funciones actuales, los  generales  Rolando Rosado Mateo, Nelson Rosario, Manuel Castro, Valentín Rosado, César A, Sena y Leonte R. Alburquerque.

Mediante el decreto 472-10 se declara de utilidad pública e interés social la adquisición, por parte del Estado Dominicano,  de una porción de terrenos con una extensión superficial de 1,149.53 metros cuadrados  donde se encuentra parar del área de parqueo de la sede principal de la Dirección General de Aduanas. En su artículo 2 se otorga poder al director de Aduanas para que, a nombre de representación del Estado, transfiera el inmueble e inscriba  o registre los derechos precitados a nombre de la Dirección General de Aduanas.

“Las indemnizaciones correspondientes, cuando hubiese lugar a ellas, serán pagadas por la Dirección General de Aduanas”, dice el artículo 3.

Mientras que el cuatro establece que  la entrada en posesión del inmueble  por parte del Estado se ejecutará en virtud de lo que dispone la Ley 486-64.

El decreto será conocido además por Bienes Nacionales el abogado del Estado y el cabildo de la capital.