La armonía entre el Poder Ejecutivo y el Senado ha quedado incidentada por decisión del organismo legislativo, quedando aplazados por esa causa asuntos importantes para la marcha del país.

De momento, han sido engavetados tres proyectos de bonos internos por RD$8,287 millones que serán destinados a la capitalización del Banco Central y el Banco de Reservas, y pagar deudas de varias dependencias del Estado. Esos proyectos ya fueron aprobados por la Cámara de Diputados.

Los senadores argumentan que no aprobarán iniciativas del Poder Ejecutivo hasta que queden claramente definidas las reglas de la gobernabilidad y la continuidad del Estado, reglas que, por cierto, establecen las facultades y deberes de cada uno de los poderes públicos.

El «tranque» decidido por los senadores contrasta con la actitud del Poder Ejecutivo, de retirar las observaciones que hiciera a la controvertida ley de capitalización de los partidos políticos. También induce expectativas por su coincidencia con investigaciones de asuntos muy graves durante las cuales han sido interrogados personajes de la pasada administración.

No parece que la fórmula del «tranque» sea la que mejor contribuye a la gobernabilidad, a los intereses inmediatos del país y al cumplimiento de las «reglas de juego» de la continuidad del Estado.

Desde parte de un poder del Estado se está haciendo uso de la hegemonía numérica para aplicar una medida de fuerza que cuestiona decisiones para las cuales está facultado otro poder del Estado. Eso, a todas luces, riñe con las pautas de la gobernabilidad que se pretende hacer aclarar a brazo torcido.

Ya en otras oportunidades se ha hecho uso de esta fuerza numérica para acomodar la Constitución a determinados intereses, fraccionar el territorio nacional y otras bellaquerías.

Eso hace que en esta oportunidad se tengan reservas acerca de los verdaderos objetivos del «tranque» puesto en práctica por el Senado.

Que se investigue

 El licenciado Sadoky Duarte, herido de gravedad por agentes gubernamentales antinarcóticos, se mantiene estable y los médicos que le atienden lucen muy optimistas en cuanto a las posibilidades de recuperación del antiguo funcionario judicial de Cotuí.

Esa es, sin duda alguna, una muy buena noticia.

La forma en que fue atacado y herido el licenciado Duarte mueve a profunda preocupación, pues el hecho ocurrió después de que el ex fiscal cotuisano produjera serias denuncias en que vincula a agentes antinarcóticos en el tráfico de estupefacientes.

El licenciado Duarte mantiene un programa en el cual formuló la grave y seria denuncia.

Llama la atención que poco después de esa denuncia se produjera la «redada» en un parque público y que el licenciado Duarte fuera herido a balazos y ahora se le quiera acusar de haber usado armas de fuego contra las »autoridades».

Este es un caso que amerita ser investigado a conciencia, sin muchos rodeos y sin maniobras turbias.

No se trata simple y llanamente de un ataque criminal contra un ciudadano. Se trata, también, de una tentativa de asesinato de un comunicador y, por tanto, de un intolerante acto en contra de la libertad de expresión.

Las autoridades tienen la palabra.