El país se une a alianza contra explotación sexual niños online

El país se une a alianza  contra   explotación sexual  niños online

El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció la adhesión de República Dominicana a We Protect, alianza mundial que busca proteger a los niño, niñas y adolescentes de la explotación sexual en línea.
El anuncio fue hecho en conjunto con la embajada de Reino Unido, la Procuraduría General, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Plan Internacional, el Consejo Nacional para la Niñez (Conani) y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Infotep).
El embajador británico en el país Chris Campbell, dijo que el evento marca un hito en la lucha contra la explotación sexual infantil en línea en el país.
El diplomático explicó que cada vez el mundo está más interconectado, y por eso hay que evitar que las herramientas digitales se conviertan en plataformas para explotar a los miembros más vulnerables.
Reconoció el trabajo que hace la Procuraduría y los proyectos que lleva a cabo para perseguir ese crimen.
Reino Unido es uno de los creadores de We Protect y cuenta con 70 países miembros alrededor del mundo.
El canciller Miguel Vargas Maldonado agradeció el apoyo que Reino Unido ofrece a la organización.
Rosa Elcarte, directora de Unicef en República Dominicana destacó la importancia de pertenecer a We Protect, dado las ramificaciones de las mafias que trabajan en Internet.
El procurador Jean Alain Rodríguez dijo que hasta el 2015 en el país la explotación sexual en línea era un delito prácticamente impune, lo que constituía una debilidad grave, pues según el Buró Federal de Investigaciones Criminales (FBI), en el segundo semestre de ese año desde y hacia República Dominicana se registraron 21 intercambios de pornografía infantil.
We Protect trabaja para proteger a los niños, niñas y adolescentes de los riesgos en Internet. Esta población representa el 33% de los usuarios de este servicio en el mundo. Su labor incluye programas de Internet dirigidos a menores, a sus padres y a las empresas proveedoras de servicios de Internet y las instituciones de protección de los menores.

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