Como parte de su labor de combate a la impunidad y a la corrupción, el Ministerio Público agotó el martes una jornada marcada por la contundencia probatoria, como parte de un proceso penal que deja sin argumentos a los generales Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Camilo de los Santos Viola, procesados por el saqueo de más de RD$4,500 millones de los contribuyentes.

Los fiscales vienen presentando un arsenal de evidencias que documenta un robo descarado al patrimonio dominicano, sustrayendo fondos públicos del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), del Cuerpo de Seguridad Turística (Cestur) y del Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (Conani).

El órgano persecutor completó la presentación de sus argumentos conclusivos en contra del imputado De los Santos Viola y José Manuel Rosario Pirón, antes de que la audiencia fuera aplazada por las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, para las 2:00 de la tarde del próximo jueves 5 de este mes.

El tribunal tomó la decisión a solicitud del abogado del acusado Pedro Castillo Nolasco, quien alegó que, durante el receso para almorzar, su defendido se vio afectado por un mareo en una zona cercana al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Para el jueves próximo el Ministerio Público continuará con la exposición de sus argumentos conclusivos en contra de los imputados Esmeralda Estrella Polanco y Alejandro Montero Cruz.

El tribunal explicó que la posposición de la audiencia, “no altera el calendario de la discusión final”, ya que todas “las defensas van a iniciar con sus discursos de clausura el próximo martes 10 de febrero”.

“Hemos confirmado con las primeras defensas y ellas están listas para iniciar. Igual, es importante que, de acuerdo como se comunicaba en el correo electrónico, todos estén listos para iniciar la jornada anterior al día pautado, ante la posibilidad de que se genere algún imprevisto que impida que una parte termine antes o que no pueda presentar su discurso y hagamos uso efectivo de los tiempos”, indicó la jueza Esmirna Giselle Méndez.

En la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), así como por los fiscales Arolin Lemos, Miguel Collado, Mirna Ortiz, Jonathan Perez y Enmanuel Ramirez.

Entre las pruebas documentales presentadas en contra de De los Santos Viola, destacan la copia de un cheque de 50 millones de pesos, de 2016 para ser usados en trabajos de inteligencia durante un viaje presidencial a Colombia y Nicaragua en 2018 como transcripciones de conversaciones telefónicas entre las acusadas Jehohanan Rodríguez y Rossy Guzmán.

El órgano persecutor también ha corroborado que el procesado De los Santos Viola fue beneficiado de un total de 185 cheques, los cuales fueron emitidos por diversos conceptos,158 cheques “para ser utilizados en las actividades de inteligencia de esta unidad” y “para ser utilizados en las actividades de inteligencia de este Cusep”.

Se emitieron 23 cheques con la descripción de “por concepto de reembolso del pago del mes”.

Otras pruebas halladas durante el allanamiento a De los Santos Viola son: un carnet a nombre de este acusado en un apartamento, un vehículo marca Toyota, un equipo de Poligrafía para uso personal, que era propiedad del Cusep.

Además de los generales Cáceres Silvestre, Julio Camilo de los Santos Viola y Juan Carlos Torres Robiou, en el caso figuran varios altos oficiales y civiles, entre ellos el coronel Rafael Núñez de Aza, el mayor del Ejército Nacional Raúl Alejandro Girón Jiménez, y Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora).

También, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de Rossy Guzmán Sánchez, y el sargento de la Armada, Alejandro José Montero Cruz. Asimismo, son acusados José Manuel Rosario Pirón, Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco, entre otros.

Entre las pruebas presentadas se incluyen 2,201 pruebas documentales, 141 peritajes, 282 declaraciones de testigos y peritos, 184 pruebas procesales y 104 pruebas materiales, como armas de fuego, relojes de lujo, equipos electrónicos, inmuebles, vehículos y dinero en efectivo.

Además, se identificaron 214 inmuebles en distintas provincias, 86 vehículos de alto cilindraje y más de RD$28 millones y US$55 mil en efectivo, todos solicitados en decomiso. Los bienes incautados han generado ingresos por concepto de alquileres y producción agrícola que ascienden a más de RD$86 millones, también reclamados a favor del Estado.

El Ministerio Público acusa a Cáceres Silvestre de encabezar la red compuesta por 30 personas físicas y 18 jurídicas, que operó entre 2012 y 2020, desviando fondos públicos, incluyendo recursos de inteligencia del Cusep y del Cestur.