Carlos Pimentel aclara suspensión de registros a funcionarios: ¿implica sanción?

En su cuenta de X, Pimentel explicó que la suspensión preventiva se aplica a ciertos proveedores que se encuentren en situación de incompatibilidad, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la ley y la transparencia en los procesos de contratación con el Estado.

¿Qué establece el Artículo 14?

El artículo prohíbe contratar con el Estado a personas en condición de inhabilidad legal, incluyendo ministros, viceministros, directores generales, alcaldes y regidores, quienes no pueden actuar como proveedores mientras ejercen sus funciones.

“Que se suspenda el RPE de un funcionario no significa que esté participando en procesos de compras ni que tenga un contrato vigente”, subrayó Pimentel.

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La medida preventiva funciona como una acción cautelar mientras se verifica si la persona está legalmente habilitada para contratar. A diferencia de la sanción de inhabilitación, que se impone por infracciones administrativas, esta suspensión tiene un carácter precautorio, evitando que funcionarios en situación de incompatibilidad puedan contratar con el Estado solo por su cargo.

“Repetimos: no implica una sanción, es una medida preventiva basada en legalidad y buena administración”, reiteró el director.

Además, según la Ley 340-06, el RPE permanecerá suspendido mientras el funcionario esté en el cargo y hasta seis meses después de dejarlo.

Pimentel destacó que estas medidas refuerzan la transparencia y la integridad en el uso de fondos públicos, asegurando que solo proveedores habilitados puedan contratar con el Estado.

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