Clínicas limitarían servicios médicos

POR ODALIS MEJIA
La Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados (ANDECLIP) advirtió ayer que cerrarán sus establecimientos o limitarán los servicios médicos en algunos casos, si se el Código Penal es promulgado con las modificaciones que le hizo el Congreso, por temor a ser acusados de criminales por aplicar procedimientos que son rutinarios en medicina.

En rueda de prensa, Rafael Mena, presidente de ANDECLIP, dijo que de promulgarse el código no atenderán a mujeres que lleguen con abortos en proceso y las referirán a los centros públicos de salud para evitar conflictos posteriores en los tribunales.

Mena, quien habló junto a la directiva de ANDECLIP y el presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Enriquillo Matos, dijo que esto ocasionará un colapso en el sistema sanitario y traerá como consecuencia una baja en la atención médica.

Explicó que de acuerdo al nuevo código, un médico, aunque previamente pregunte a su paciente si es alérgico a un medicamento y este le diga que no y por consiguiente se lo aplica, el galeno puede ser acusado de criminal.

Indicó que con relación al aborto, el código es confuso e incoherente porque califica igual la práctica del aborto y los procedimientos médicos, ya que prevé castigo con cárcel por la aplicación de sustancias nocivas, confundiéndolas con las de uso normal.

Consideró que esto es peligroso porque cualquier efecto secundario de un medicamento quedaría incluido entre las disposiciones criminales, lo que generaría un caos en la atención de la salud en el país. Criticó además que se establezcan penalizaciones mayores para el personal de salud, lo cual es una discriminación y viola la Constitución que establece igualdad ante la ley.

Señaló que ese instrumento legal constituye una aberración y que fue hecho sin consultar a especialistas en salud, atendiendo a presiones particulares, en específico de la iglesia católica.

Al igual que el CMD, la ANDECLIP pidió al presidente Leonel Fernández vetar el Código Penal para impedir lo que consideran sería un colapso en el sector salud del país.

COLECTIVA

De su lado, la Colectiva Mujer y Salud también pidió al Poder Ejecutivo observar el Código Penal aprobado en el Congreso Nacional, por considerar que penalizar la interrupción del embarazo en todas las circunstancias profundiza un problema de salud pública, de justicia social y de derechos humanos.

«La penalización absoluta de esta práctica obliga a las mujeres sin recursos económicos a recurrir a procedimientos clandestinos, inseguros e insalubres que incide directamente en las alarmantes tasas de mortalidad y morbilidad materna», expresó la Colectiva.

Afirmó que al menos 550 mujeres al año, en un alto porcentaje jóvenes y adolescentes, corren el riesgo de morir a causa de la clandestinidad en que interrumpen sus embarazos, lo que se promedia más de 200 mil abortos al año, de los cuales el mayor porcentaje es inducido.

Dijo que a pesar del subregistro, los datos obtenidos informan que las complicaciones por aborto constituyen la segunda causa de muerte materna, además que los índices de mortalidad y morbilidad materna vinculados a las complicaciones por abortos, hacen de esta práctica un problema de salud pública, que no puede ser obviado por más tiempo por el Estado dominicano.

Señaló que das disposiciones que penalizan la interrupción del embarazo desconocen las demandas de las mujeres realizadas durante el proceso de tres años por lograr un Código Penal moderno y consensuado y la propuesta de la comisión bicameral que despenalizaba el aborto en caso de violación, por lo que República Dominicana se mantiene rezagada al formar parte de los cuatro países de la región donde esa práctica esta penalizada en todas las circunstancias.