El Ministerio Público solicitó este martes 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo contra ocho personas acusadas de integrar una red transnacional de trata de personas con fines de explotación sexual, desmantelada el pasado fin de semana mediante la Operación Begonias.

Los imputados son los dominicanos Johanse Díaz Casado (alias “Johan el Gordo”), Johanse Díaz Lemonier (“Johan”), Wilson Pérez Duque (“el Menor”), Lilian Yleana Sierra Espinosa y Ariel Alfredo Soto Madrigal (“el Gordo”), así como las ciudadanas colombianas Karen Juliana Chia Gelvez (alias “Nana”, “Naye” o “la Colombiana”), Lina Marcela Valdez Cortés y Yasibit Esaleivi López Medina (“Cristal”).

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este fijó para este martes el conocimiento de la medida de coerción.

La solicitud fue presentada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, encabezada por el procurador adjunto Wilson Camacho, junto a la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), dirigida por la procuradora de corte Yoanna Bejarán, y la Fiscalía de Santo Domingo Este, representada por su titular, Milcíades Guzmán, con el apoyo de las fiscales Flor Jiménez y Ginna Matías.

Según la acusación, los imputados captaban mujeres en Colombia bajo falsas promesas de empleo como camareras o bartenders en República Dominicana. Una vez en el país, las víctimas eran despojadas de sus documentos, amenazadas con represalias contra sus familias y forzadas a ejercer la prostitución para saldar una supuesta deuda de entre 3,500 y 4,000 dólares.

Durante la Operación Begonias, desplegada el pasado sábado, se realizaron múltiples allanamientos en la provincia Santo Domingo, logrando el rescate de más de 40 mujeres. En el operativo participaron más de 85 agentes de la Policía Nacional, 10 fiscales, técnicos de investigación y personal especializado en atención a víctimas.

Las autoridades ocuparon dinero en efectivo, seis vehículos, equipos electrónicos, cuadernos de anotaciones, sustancias narcóticas y varios inmuebles utilizados como centros de operación de la red.

La operación contó con el respaldo de la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), el Departamento de Trata de Personas de la Policía Nacional, la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos del Ministerio Público y la ONG Anti Trafficking Bureau (ATB).