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Constructora intervenida en Samaná tiene proyecto en PC

“Construcción identificada como Residencial Atlántida no tenía aún los permisos”.

“Construcción identificada como Residencial Atlántida no tenía aún los permisos”.

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La constructora Noval Properties, a la que le fue intervenido un proyecto turístico en desarrollo en Las Terrenas de Samaná, también enfrenta “obstáculos importantes” para continuar con una gran construcción que inició en el área próxima a Playa Bávaro en la que se anuncia un proyecto residencial de apartamentos y villas.

En fuentes oficiales solo se ha podido confirmar que esa construcción, identificada como Residencial Atlántida, no tenía aún los permisos definitivos y había iniciado la obra con “permisos provisionales”, pero no se han ofrecido más detalles del caso, y se ha sugerido “constatar los dueños originales” de esa propiedad para obtener información detallada, pero sin indicar a quien acudir.

En la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren) se confirmó que un equipo de fiscales habían intervenido el proyecto de Playa Bonita, Samaná, pero ese departamento de la Procuraduría General de la República, no tenía aún abierto un expediente relacionado con el caso de Punta Cana.

Tampoco se pudo obtener información en la Asociación de Hoteles de Punta Cana, porque el presidente de la entidad es el único autorizado para responder a los periodistas y no estaba disponible.

Se puedo establecer que las vistas públicas que mandan las normas del medio ambiente, que obligan a presentar un proyecto y escuchar las opiniones de la sociedad, en el caso del residencial Atlántida se realizaron en noviembre del 2022. En esta cita abierta al público si se informó que los terrenos para el residencial habían sido adquiridos por la empresa Atlántida que resultó ser una entidad vinculada a Noval Properties.

El proyecto tuvo un arranque “a toda máquina” pero aquí en círculos empresariales y oficinas de abogados, se asegura que ha confrontado dificultades para completar los permisos necesarios de los ministerios de Medio Ambiente, Turismo y Vivienda y Edificaciones, por “objeciones legales” que limitan el tipo de proyectos que pueden desarrollarse en esa propiedad ubicada en la zona céntrica del área turística de Punta Cana.

Estas informaciones que circulan sobre los obstáculos legales que han ralentizado la construcción no han sido confirmadas oficialmente por los ministerios que intervienen en la aprobación de los permisos necesarios.

Lo que si se ha podido confirmar en el Registro de Títulos de Propiedad de la Provincia La Altagracia, en Higüey, es que el título de esos terrenos tiene anotada una restricción, que procede legalmente porque consta en un contrato de compra venta, que impide la construcción de viviendas, hoteles o edificaciones similares, en esos terrenos.

Un empleado del Ministerio de Medio Ambiente en la provincia La Altagracia, que participó en las vistas públicas para el proyecto Atlántida, confirmó a condición de no revelar su nombre, que en esa actividad, un representante de la empresa Golf Bávaro, demostró que eran dueños originales de esos terrenos.

Explicó que esa persona entregó los documentos que confirman que en el contrato de venta a la empresa Ocean World Punta Cana, en el 2004, se estableció como condición que sólo podían ser usados para desarrollar un delfinario, la actividad principal de la empresa adquiriente. Al ser contactada sobre el tema, Golf Bávaro respondió que la persona autorizada a hablar por la empresa no encontraba en el país.

En el Ministerio de la Vivienda de manera informal se dijo que el proyecto está en “proceso de regularización”. En el Ayuntamiento de Higüey se confirmó que existía un recurso legal contra la aprobación del proyecto.

Algunas personas, con posiciones importantes en las actividades turísticas, que todavía no quieren publicar sus opiniones esperando las decisiones de las autoridades, han expresado su preocupación, y temen que en Bávaro se repita lo que ocurrió en Samaná con Noval Properties.

Manifestaron que el descuido en los procesos institucionales en la aprobación de los permisos provocará un grave daño a los derechos de los inversionistas que confiaron en un gran proyecto que no podrá cumplir sus compromisos.

El temor de algunos dirigentes de Asonahores a los que se preguntó, es la “promoción negativa y el impacto negativo en la imagen de destino”, que proyecta un caso como este con clientes que adquieren una propiedad, aportan el pago inicial, y después no se les entrega el apartamento o villa; y esto “daña la imagen y la confianza” en el destino Punta Cana, el más importante del país y del Caribe.

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