POR FAUSTO ADAMES
La cantidad de mujeres dominicanas que se dedican a la prostitución en el mercado internacional se ha incrementado considerablemente en los últimos años, como indica el último informe sobre Trata de Personas, publicado en junio pasado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

De acuerdo con este informe, la República Dominicana es una fuente de exportación, para la explotación sexual.

Es un centro de tránsito y destino para hombres, mujeres, y niños vendidos aquí y en el extranjero para la explotación sexual y el trabajo forzado. La Organización Internacional para la Migración (IOM por sus siglas en inglés) estima que más de 50 mil mujeres dominicanas trabajan en la prostitución en todo el mundo y un tercio de ellas han sido víctimas de trata de personas. Otras organizaciones internacionales calculan que entre 30,000 y 50,000 dominicanas son víctimas de tráfico.

Estas mujeres dominicanas a menudo son reclutadas por conocidos o redes de familia, u organizaciones mafiosas que las engañan mediante falsas promesas de empleo y oportunidades de una mejor vida. Muchas de ellas son inconscientes de la naturaleza verdadera del trabajo, y por consiguiente de las demandas coercitivas que luego les serán hechas, o la cantidad de dinero que recibirán del trabajo que van a desempeñar, que en la mayoría de los casos ofende la dignidad humana. De acuerdo con el informe, los primeros destinos de exportación de estas mujeres incluyen Argentina, Australia, Países Bajos, Brasil, Costa Rica, las Antillas Holandesas, Alemania, Grecia, Italia, Japón, Panamá, Suriname, y Suiza, y en lo interno del país hay también un tráfico significativo de mujeres y niños de áreas rurales a ciudades y polos turísticos.

Otro caso triste es el de los haitianos que son trasegados hacia el país para trabajar en la industria azucarera y vivir en los «bateyes» en condiciones infrahumanas, con el agravante de que en algunos bateyes se ha dado el caso en que guardias armados les han quitado hasta la ropa y los documentos a estos pobres infelices trabajadores de la industria azucarera.

Mientras tanto, el Gobierno Dominicano no cumple con ninguna de las normas mínimas para la eliminación de esta trata de personas, aunque hace esfuerzos significativos para mejorar la situación. Sin embargo, la corrupción a menudo impide las investigaciones para la correcta aplicación de las leyes. Además, deberían dar mayores atenciones para la identificación y ayudas a las potenciales víctimas de tráfico, tanto dominicanas como haitianas. No obstante, es necesario aumentar los esfuerzos para la protección de las víctimas, y de igual forma el gobierno debería trabajar para incrementar el financiamiento a aquellas agencias y organizaciones que proporcionan refugios y servicios sociales a víctimas de trata de personas, como recomienda el informe.

De hecho, la República Dominicana tiene una Ley de Antitráfico, promulgada en el 2003. La ley condena tanto el contrabando como el tráfico de personas, y prevé penas de encarcelamiento que van de los 15 a 20 años de prisión y multas de hasta 175 veces el salario mínimo. Cabe resaltar que los esfuerzos encaminados para el procesamiento y aplicación de la ley aumentaron desde la promulgación de la misma, y ya han sido condenados 7 individuos por tráfico de personas.

De igual forma, en ese período el gobierno cerró varios burdeles que se dedicaban a la explotación sexual de niños, y fue condenado a 5 años de prisión uno de los dueños de uno de estos establecimientos, mientras hay otros cuatro condenados con penas de 15 años de prisión para cada demandado, como también 24 niños fueron rescatados de un burdel. Según la Oficina del Ministerio de Justicia, hay unos 10 procesos judiciales pendientes. Sin embargo, No hay ninguna investigación relativa al procesamiento de funcionarios públicos por complicidad en el tráfico, pese a que se ha reportado ese hecho.

La carencia de recursos sigue siendo un obstáculo en los esfuerzos del gobierno para proteger a las víctimas de tráfico. Aunque las víctimas son registradas con el propósito de brindarles derecho de alojamiento, asistencia médica, acceso a servicios educativos y otros, no hay un refugio diseñado especialmente para dar asistencia a las víctimas; pues esta carencia de recursos hace difícil ejecutar esta parte que está contemplada en la ley. No obstante, en el país el Consejo Nacional para la Ayuda a la Niñez (CONANI) controla siete refugios que pueden ayudar a víctimas de trata infantil. Además, el gobierno proporciona financiamiento al Centro de Adoratrices, una organización religiosa que coordina con la IOM los trabajos de rehabilitación de las víctimas de tráfico con el fin de proveerles formación técnico profesional.

Un aspecto importante en los esfuerzos que se están realizando para prevenir la proliferación de este mal es que el Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), proporciona entrenamiento a las víctimas. El gobierno también ha aumentado los esfuerzos para controlar la frontera haitiana, y algunos abogados creen que esta acción ha reducido el número de haitianos trasegados hacia el país.

En síntesis, el gobierno reconoce que el tráfico es un problema grave y ha establecido unidades de antitráfico en la oficina del Ministerio de Justicia, la Policía Nacional, la Dirección de Migración, y la Secretaría de Relaciones Exteriores. También el gobierno patrocinó varias campañas de educación y prevención, incluyendo la campaña «La Ley Golpea Con fuerza «, con carteles y folletos que muestran las consecuencias legales del tráfico de personas. El gobierno también sostuvo y participó en seminarios internacionales realizados para la prevención del tráfico, incluyendo un programa diseñado para proporcionar entrenamiento y trabajo para la juventud en peligro de tráfico. Este programa se realizó en octubre pasado en la localidad de Boca Chica, un punto conflictivo muy conocido para el turismo sexual, y benefició a 400 adolescentes de esa zona.