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Caso Calamar

Defensa alega nulidad acción penal del MP contra hijo de Donald

Laura Rodríguez, Conrad Pittaluga y Claudio Stephan, dicen MP no aportó pruebas de tipos penales le imputa a Daniel

Audiencia Caso Calamar.

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Loyda Peña
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La defensa técnica de Daniel Alberto Guerrero Mena, imputado en el caso Calamar, solicitó ayer a la jueza del segundo juzgado de la Instrucción, Altagracia Rodríguez, dictar auto de “no ha lugar” a favor de su defendido, alegando la “nulidad de la acción penal” promovida en su contra por el Ministerio Público.

En un incidente presentado ante el tribunal, la abogada Laura Rodríguez justificó su pedimento afirmando que el MP “nunca” le comunicó a Guerrero Mena acerca de la existencia de una investigación en su perjuicio ni mucho menos solicitó para él ningún tipo de medida de coerción.

Dijo que su cliente, quien es hijo del también imputado en el caso Calamar, Donald Guerrero, se enteró de su inclusión en el expediente el 25 de abril del 2024, cuando el órgano de persecución presentó acusación formal imputándole los delitos penales de asociación de malhechores, estafa, extorsión y lavado de activos.

Agregó el MP tampoco cumplió con el artículo 19 de la citada norma, que obliga a la formulación precisa de cargos, con todo lo cual, dijo, “le vulneró de manera flagrante su derecho a participar de la etapa preparatoria tutelada por los artículos 260 y 290 del Código Procesal Penal”, para que él pudiera ejercer su defensa material, y el del principio contradictorio.

Sobre la acusación de supuesta estafa al Estado desde la empresa Intercaribe Mercantil que le hace el MP a Guerrero Mena, la abogada fue categórica al rechazar que este fuera puesto a dirigir dicha empresa cuando su padre fue designado como Ministro de Hacienda “para que allí hiciera lo que su padre quisiera”.

Además dijo que el MP incurre en una “contradicción” cuando en una parte de su acusación dice que Intercaribe Mercantil fue beneficiaria de US$ 20,782,302.42, y RD$60,000,000 que le depositó la sociedad Caribbean Energy, y en otra parte establece que quien se benefició del depósito de esos montos derivados de actuaciones fraudulentas fue “Caribbean Energy “.

Resaltó que Daniel Alberto asumió en Intercaribe Mercantil en el año 2014 “y no en el 2016” cuando su padre pasó a dirigir el ministerio de Hacienda.

Agregó que la supuesta estafa al Estado el MP vincula a Daniel “quedó descalificada cuando nosotros proyectamos la prueba a cargo del nuevo Ministerio Público, y demostramos que el AC30 (asfalto) sí se entregó”.

“Intercaribe Mercantil que era la empresa privada, que no tenía contrato con el Estado, le suplió a Sargent Petroleum, al mismo precio y bajo las mismas condiciones que los otros suplidores; o sea, fue un negocio privado que se dio bien”.

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