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POR ELIAS RUIZ MATUK
El Consejo Superior Policial aprobó ayer “a unanimidad” otorgar un plazo de 72 horas para que se presenten a la Policía Nacional los agentes que están ausentes de sus deberes, so pena de ser sancionados o declarados desertores de esa institución. El consejo ratificó la disolución de las denominadas compañías en la Policía Nacional y dispuso reunirse con el secretario de Finanzas y el director de Presupuesto para establecer la escala salarial, como dispone el artículo 5 del decreto 314-06 emitido por el presidente Leonel Fernández.

El consejo, encabezado por el secretario de Interior y Policía, Franklin Almeyda Rancier; el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito; el jefe de la Policía, mayor general Bernardo Santana Páez y la Plana Mayor de la Policía, comenzó a sesionar a las 10:30 de la mañana y culminó a las 3:30 de la tarde.

La reunión se llevó a cabo en el salón de la Plana Mayor del cuartel general de la Policía.

En la resolución, que al final de la jornada leyó el general Simón Díaz, el consejo dispuso la depuración administrativa de la Policía para lo cual serán convocados sus miembros.

Se les otorgó un plazo de 72 horas, a partir de la publicación en los medios de comunicación o en otros medios que se utilice, para presentarse a la institución

La resolución establece, además, que de violar el agente la disposición de las 72 horas se dará un plazo de diez días y si no se presenta será sancionado con 15 días de encierro. En caso de que se presente luego de los diez días será declarado desertor y sometido al tribunal disciplinario.

En cuanto al mandato del decreto 314-06 para que se proceda a la depuración del personal policial, el Consejo dispuso hacerlo estableciendo criterios por faltas o antecedentes delictivos, consumo o tráfico de drogas, violencia intrafamiliar o problemas disciplinarios.

Cada caso será documentado individualmente por parte de una comisión creada para esos fines, compuesta por el secretario de Interior y Policía, el procurador general de la República, el jefe de la Policía y la directora central de Asuntos Internos.

Los expedientes serán “debidamente documentados” y entregados a la Dirección Central de Asuntos Internos, para ser sometidos a los tribunales disciplinarios u ordinarios y darán lugar a la suspensión inmediata del miembro y de su salario, “exceptuando los casos establecidos en la ley para oficiales superiores, cuyo sometimiento debe ser aprobado por el Consejo Superior Policial”.

Mientras que la direcciones centrales de Inteligencia Policial y de Investigaciones Criminales. “darán seguimiento” a los miembros que sean separados de la Institución por problemas judiciales..

Asimismo el consejo dispuso que la Policía Comunitaria se denomine en lo adelante Policía Auxiliar, la cual estará integrada por jóvenes bachilleres y universitarios que colaborarán en áreas policiales administrativas y de bajo riesgo (planteles escolares, centros turísticos, circulación de tránsito y otros), que percibirán una compensación de RD$3,000 mensuales y que recibirán un entrenamiento especial en las diferentes áreas policiales.

Para ello el Consejo aprobó la ampliación de la comisión aprobada en la sesión del consejo realizada en diciembre del 2005, que establece la Policía Comunitaria.

Ese consejo estará compuesto por el general Eddy Reyes, Teresa Rojas, Guillermo Jiménez y el coronel Demóstenes Féliz Paniagua.

También, y en cuanto a la aplicación del artículo cuarto del Decreto 314-06 que se refiere la la disolución en la Policía Nacional de los cuerpos denominados Compañías y la distribución de sus integrantes, según lo determine la División de Recursos Humanos de la Dirección Central de Asuntos Administrativos de la Policía Nacional, el Consejo Dispuso la disolución de las 161 compañías existentes hasta el momento como unidades de control y administración del personal policial.

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