Diputados aprueban de urgencia Ley Residuos
En la sesión fueron expuestos y discutidos los artículos de ley de residuos.
La Cámara de Diputados aprobó de urgencia, en dos lecturas consecutivas, el proyecto de modificación de la Ley 225-20 de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.
Como la iniciativa sufrió modificaciones, ahora pasa al Senado de la República, que deberá conocer los cambios hecho en la cámara baja.
También los diputados aprobaron, en segunda lectura, la modificación a la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, sometido por el Poder Ejecutivo, que reforzará los planes del Gobierno sobre las consecuencias en el país de la crisis haitiana.
Esa ley tiene por objeto adecuar la tipificación del tráfico ilícito de migrantes y sus delitos conexos de las circunstancias agravantes de la trata de personas, estableciendo, también, penas que sancionen y desincentiven la comisión de esos hechos delictivos, mediante la modificación y la inclusión de varios artículos, entre ellos el 2, 3, 6 y el 7.
En cuanto al proyecto de modificación a la Ley 225-20, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, ponderó la pieza, tras considerar que había sido fruto del consenso de todos los sectores involucrados, por tanto, era la ley posible.
Habló en esos términos, luego de escuchar un informe disidente del bloque de la Fuerza del Pueblo (FP), de los diputados Charles Mariotti Paz y Óscar Morel, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y de Feliz Hiciano, quienes propusieron algunas modificaciones a varios artículos, al advertir que de ser aprobada la normativa podría ser declarada inconstitucional.
Sostuvo que a pesar de los cambios producido a la normativa, estima son insuficientes, por lo que dentro de algunos años habría que someterla a modificación nuevamente, sin importar quien dirija el Estado.
Las aclaraciones de Pacheco
Luego de la intervención de Pacheco, quienes rechazaban la modificación cambiaron de parecer y votaron a favor de la pieza, en dos lecturas consecutivas.
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El presidente negó que el cobro de los arbitrios sea inconstitucional, como señaló la oposición, por lo que mandó a leer el artículo 200 de la Carta Magna, que dice que “los ayuntamientos podrán establecer arbitrios municipales en el ámbito de su demarcación, si la ley lo establece”.
De igual modo, refutó que el proyecto establezca monopolio, debido a que el artículo 50 de la Constitución, numeral 3, indica que el Estado puede otorgar concesiones por el tiempo y la forma que determine la ley, cuando se trata de explotación de recursos naturales o de la prestación de servicios públicos.
Ante la crítica del pesaje de toneladas a kilos, defendió ese punto, ya que los distritos municipales no recogen residuos sólidos por lo primero, sino, por lo segundo.
A la inquietud del diputado Mariotti Paz por el cobro de la recolección, Pacheco respondió que la disposición final en los países del área está sobre los 30 dólares la tonelada, por lo que con la tarifa de 19 dólares, República Dominicana queda corta.
En cuanto a la tarifa de transferencias, estipula 400 pesos por toneladas, el equivalente a siete dólares, cuando en la región está por encina de los 10 dólares.
En torno a la contribución especial que deben otorgar las empresas, es de RD$3,000 al año, que dividido entre los 12 meses, da como resultado alrededor de RD$250, la mínima; mientras que la más alta sería de RD$675,000 al año, luego de llegar a acuerdos con los sectores industriales, debido a que en el proyecto que llegó del Senado establecía RD$10 millones.
En ese sentido, las grandes empresas pagarían al año RD$56,000.
