Dos años han transcurrido de la trágica explosión ocurrida en el centro de San Cristóbal, que dejó al menos 38 muertos y al menos 12 desaparecidos, los familiares de las víctimas siguen clamando por justicia y transparencia.

En una jornada marcada por el dolor y la indignación, Doña Carmen, viuda de Héctor Ramón Cuéllar Ramírez, expresó su frustración: “No fue un perrito, no fue un pollo. Fue mi esposo. Y aún no nos han dado la cara”.

El mismo pesar expresa Joan Ortega padre de Tico Manuel Ortega Cruz, un jovencito que tambien desapareció entre las cenizas del potente siniestro.

«Un niño de 18 años que estaba estudiando. Vinieron estas gentes y le quitaron la vida», dijo al periódico Hoy.

Manipulación de la escena del crimen

Según el abogado Roberto Oscar Faxas Sánchez, representante del 98 % de las víctimas, más de 900 toneladas de escombros fueron retiradas en apenas cuatro días, eliminando pruebas clave que podrían esclarecer lo ocurrido. “Se llevaron incluso osamentas humanas al vertedero de San Cristóbal. Eso ya está más que comprobado”, afirmó.

El Ministerio Público no acordonó el área ni realizó una investigación técnica adecuada. El único informe presentado fue el de los bomberos, el cual ha sido calificado como “falaz” y sin respaldo documental. “Solicitamos el informe y nos dijeron que no existe en sus archivos”, denunció Faxas.

Demanda contra el Estado

Las familias han interpuesto una demanda de responsabilidad patrimonial contra el Estado dominicano, el Ayuntamiento, el Ministerio de Obras Públicas y la empresa constructora RILCO. “Queremos que se sienten en el banquillo de los acusados. No puede haber impunidad”, concluyó Faxas.