Tribunal fija fecha para sentencia en caso Alexis Medina y compartes

Juan Alexis Medina Sánchez y los demás acusados de integrar un presunto entramado de corrupción administrativa, que distrajo del erario más de cinco mil millones de pesos, deberán esperar hasta el próximo 13 de agosto, a las 11:00 de la mañana, para escuchar la sentencia en su contra, a cargo del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

La decisión fue tomada luego de que, este miércoles, el tribunal concluyera la audiencia en la que el imputado agotó su turno de defensa material frente a las acusaciones del Ministerio Público, que lo señala como el supuesto cabecilla de la «red delictiva» que operó durante los gobiernos de su hermano, el expresidente Danilo Medina.

Otros imputados

Además de Alexis Medina, en el caso se vincula a José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernabel Méndez Pineda, para quienes se piden 15 años de prisión y que se les ordene el pago de 200 salarios mínimos.

Igualmente, figura el expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Aquilino Rosa Rosa; así como la exvicepresidenta administrativa de esa entidad, Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Alexis Medina Sánchez; Carlos José Alarcón, Ramón Brea Morel (Jhonny Brea) y Lina Ercilia de la Cruz Vargas. Para ellos se solicita una condena de 10 años de prisión.

De igual forma, están Libni Arodi Valenzuela Matos, Paola Mercedes Molina Suazo, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez, Fulvio Antonio Cabreja Gómez y José Idelfonso Correa Martínez, contra quienes se solicita una condena de 10 años de prisión y el pago de 200 salarios mínimos.

En cuanto a Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, el exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, y Rafael Antonio Germosén Andújar, se solicitó una condena de cinco años de prisión y el pago de 200 salarios mínimos.

El Ministerio Público, además, requirió una condena de tres años contra Aquiles Alejandro Cristopher Sánchez, fiscalizador de la otrora Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).

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El órgano del sistema de justicia solicitó que todos los acusados sean condenados a la inhabilitación para contratar con el Estado y para ocupar cargos públicos por 10 años, al decomiso de todos los bienes incautados producto de las actividades ilícitas, y a la degradación cívica consistente en la pérdida de los derechos civiles, políticos y de ciudadanía reconocidos por la Constitución. También, solicitó que las penas sean cumplidas en los centros de corrección y rehabilitación Najayo Hombres y Najayo Mujeres, en San Cristóbal, según corresponda.

En relación con Víctor Matías Encarnación Montero, quien llegó a un acuerdo con el Ministerio Público, se solicitó una pena de cinco años de prisión suspendida y una multa de 500 salarios mínimos, bajo las condiciones de residir en un domicilio fijo, abstenerse de desempeñar cargos, prestar servicios o ser contratado por entidades de intermediación financiera, mercado de valores o entidades públicas, y presentarse periódicamente ante el juez de la Ejecución de la Peña del Distrito Nacional. Asimismo, se solicitó el decomiso de valores (dinero) entregado voluntariamente por el acusado, o de bienes equivalentes, conforme a la Ley de Lavado de Activos, ascendentes a 15 millones de pesos.