Finjus dice la Ley de Contrataciones transparenta uso recursos públicos

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) cataloga la nueva Ley 47-25, de de Contrataciones Públicas en la República Dominicana, y su Reglamento de aplicación como el instrumento que fortalece la seguridad jurídica, la eficiencia administrativa y la transparencia en el uso de los recursos del Estado.

En la ponderación que hizo ayer de la nueva normativa, que modifica la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de la República Dominicana, Finjus asegura que la actual norma representa “un paso hacia la transparencia y el desarrollo del país”.

Para Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de la entidad que promueve el fortalecimiento de las instituciones democráticas, entre sus principales beneficios se destacan la prohibición expresa del fraccionamiento de contratos, la delimitación precisa de las modalidades de contratación según cuantía, objeto y características. También, la regulación rigurosa de las declaratorias de urgencia y emergencia, eliminando ambigüedades que históricamente han servido como vía para la discrecionalidad. Expresó que la Ley de Contrataciones Públicas no es solo una actualización normativa, sino una apuesta estratégica por un Estado más eficiente, íntegro y orientado al desarrollo.

“Su aprobación y adecuada implementación marcarán un antes y un después en la gestión del gasto público y en la confianza ciudadana en las instituciones, sentando bases sólidas para el crecimiento económico y la justicia social en la República Dominicana”, precisó el jurista. En su apoyo a la ley promulgada recientemente por el presidente Luis Abinader, destacó que la puesta en marcha de la Ley de Contrataciones Públicas, acompañada de su reglamento, representa una reforma estructural largamente esperada, que permitirá una implementación inmediata, ordenada y coherente del nuevo sistema de compras y contrataciones del Estado.

Resalta las reglas claras, modernas y alineadas que introduce este marco legal, con estándares internacionales de integridad pública y derecho administrativo. “Establece principios transversales de planificación, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en todas las etapas contractuales, fortaleciendo la seguridad jurídica.