Informe plantea al Estado evaluar antes estudio minero

En el suroeste de República Dominicana no debe autorizarse, tramitarse ni validarse ningún estudio de impacto ambiental individual para minería metálica mientras no exista previamente una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) que estudie el conjunto del territorio, la suma de las concesiones, los impactos acumulativos y las incompatibilidades entre minería, agua, agricultura, biodiversidad y vida comunitaria.

Así lo establece un informe de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (Cauasd) y la Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana.

Explica que el problema no es solamente Romero como proyecto aislado, sino de una región completa sometida a presión minera en un contexto de déficit hídrico, fragilidad de cuencas, presencia de sulfuros con potencial de drenaje ácido, alta pendiente, vulnerabilidad sísmica y función agrícola decisiva para la seguridad alimentaria.

Los documentos de base insisten en que Romero no puede entenderse como una obra puntual, sino como parte de una lógica de distrito minero que, de avanzar por etapas, produciría un daño acumulativo mucho mayor que el que mostraría cualquier expediente individual.

Por eso, considera que reducir la discusión a un solo proyecto y a un solo estudio técnico constituye una forma de achicar artificialmente el problema.

Dicho de otra manera: cuando el territorio está amenazado por una cadena de concesiones y por impactos que se suman entre sí, evaluar una pieza aislada equivale a mirar una sola grieta mientras la casa completa se agrieta.

¿Qué es una EAE?

La Evaluación Ambiental Estratégica, conocida como EAE, no es un estudio de detalle para una obra específica, es una evaluación de nivel superior que sirve para examinar una política, un plan, un programa, una visión territorial o una orientación de desarrollo antes de que el Estado comience a autorizar proyectos particulares.

Señala que mientras un Estudio de Impacto Ambiental, conocido como EIA, pregunta qué pasará con un proyecto concreto en un lugar concreto, la EAE pregunta algo anterior y más importante: si ese tipo de proyectos debe permitirse en ese territorio, bajo cuáles condiciones, con qué límites, en qué zonas no debe permitirse y cuáles costos sociales, ecológicos e institucionales generaría una estrategia de ocupación territorial de esa naturaleza. La EAE, por tanto, no sustituye al EIA. Lo antecede, lo ordena y le pone un marco. Sin EAE, el EIA queda ciego frente al contexto regional. Sin EAE, el Estado evalúa expedientes, pero no evalúa el rumbo del territorio.

Entrega de EAE

Expone el documento que una EAE seria no es un discurso general, debe producir resultados concretos, útiles y verificables para la toma de decisiones públicas. Entre sus productos mínimos deberían estar los siguientes:

Diagnóstico territorial integral: Un mapa claro del territorio: cuencas, sub-cuencas, acuíferos, áreas de recarga, zonas agrícolas, áreas protegidas, corredores biológicos, comunidades, infraestructura hídrica y vulnerabilidades existentes.

Identificación de incompatibilidades: Una determinación explícita de qué actividades no son compatibles con ciertos territorios. En este caso, por ejemplo, minería metálica sulfurada en cabeceras de cuenca o en áreas decisivas para seguridad hídrica y alimentaria. Análisis de impactos acumulativos y sinérgicos: No solo lo que haría una mina, sino lo que producirían varias concesiones juntas, operando por etapas o encadenadas en el tiempo y en el espacio. Evaluación de alternativas, comparación seria entre caminos distintos de desarrollo; agricultura, restauración ecológica, turismo de naturaleza, protección hídrica, infraestructura rural y otras opciones frente al modelo extractivo.

Zonificación y exclusiones: Definición de dónde no debe permitirse minería y bajo qué criterios. Esto evita que cada proyecto intente abrirse camino por separado.

Lineamientos obligatorios para futuras reglas previas para cualquier estudio posterior, de modo que ningún EIA pueda ignorar el marco estratégico ya definido.

Justificación

La oposición al proyecto Romero y a cualquier EIA minero presentado sin EAE previa no debe describirse como capricho, miedo irracional ni rechazo a la técnica, por el contrario, es una posición fundada en la necesidad de que primero se evalúe el territorio completo, sus límites ecológicos, su sistema hídrico, su vocación agrícola y sus riesgos acumulativos.

Quien exige EAE está pidiendo más ciencia, no menos; más Estado, no menos; más responsabilidad pública, no menos.

Expone que esa oposición se vuelve todavía más legítima cuando los documentos de base describen un territorio donde el agua sostiene acueductos, riego y economía campesina.