La JCE tuvo año turbulento

POR LOYDA PEÑA
El año 2008 que inicia mañana encontrará a la Junta Central Electoral (JCE) envuelta en un debate público, similar a como ocurrió a inicio del 2007. Aquella vez por conflictos internos de carácter administrativos, ahora, por el recorte presupuestario que se hizo al organismo.

No obstante mantener distraída su atención durante casi todo el año, en fricciones internas y confrontaciones con importantes sectores del gobierno, empresariales, y los partidos políticos, durante el 2007 la JCE alcanzó una serie de logros tangibles de los que puede dar testimonio la ciudadanía, y que merecen ser destacados.

El proceso de reingeniería institucional gestado por el tribunal de elecciones a través de su Cámara Administrativa, en todas sus dependencias, comenzó con el rescate de las Oficialías del Estado Civil, otrora “feudos” de los Oficiales del Estado Civil, la fijación de sueldos para funcionarios y empleados, y tarifas para todos los servicios que allí se ofrecen.

Ese hecho, considerado por la propia JCE como “trascendental”, porque además de cumplir con lo que dispone la Ley 659 sobre los Actos del Estado Civil, contribuye a garantizar la legitimidad de toda la documentación relativa a la identidad de los dominicanos que se expiden en las Oficialías, se convirtió en el “buque insignia” del organismo.

La puesta en vigencia del Libro de Extranjería para registrar a los hijos de madres extranjeras; la apertura de Delegaciones de Oficialías en los centros de Maternidad para facilitar el registro de todos los recién nacidos, y la implementación de un número único que identificará de por vida a los dominicanos, son también parte de los importantes logros que a la JCE no se le pueden regatear.

Asimismo, la apertura de centros de servicios automatizados, regionales en el exterior, que permiten a los ciudadanos obtener actas de nacimiento, matrimonio, divorcio, defunción y cédula de identidad y electoral, sin tiempo tardío y sin recorrer largas distancias, se suman a los avances de la JCE durante el 2007.

La implementación del Reglamento para la Fiscalización de las Asambleas y Convenciones Electorales de los Partidos Políticos, así como el programa de Unidades Móviles de Declaraciones Tardías, son también dos hechos sin precedentes en la historia del organismo electoral.

Sin embargo, todas esas y otras importantes iniciativas adoptadas por la JCE en procura de fortalecer su institucionalidad, cumplir con las leyes, proteger la nacionalidad de los dominicanos y ofrecerle mejores servicios a la ciudadanía, muchas de las cuales deberá suspender por falta de recursos, han sido prácticamente soslayadas por la opinión pública, que en cada uno de los conflictos, tanto interno como externo, ha puesto a la JCE en el banquillo de los acusados.

EL GRAN REVES

El mayor revés sufrido por la JCE durante el 2007, fue cuando, tras dos meses de debates, tuvo que ceder a la presión de importantes sectores del Gobierno, empresarial, y de los partidos políticos, y desestimar la aplicación del Reglamento de Campaña, Publicidad y Uso de Medios de Comunicación, que regularía un proselitismo prematuro y desbordado protestado por la ciudadanía.

El “mach” en torno a ese tema llegó a su punto más álgido por las prohibiciones que el Reglamento le hacía al presidente de la República y candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), doctor Leonel Fernández.

Otro tema espinoso que ha tenido que enfrentar este año la JCE y que todavía tiene pendiente decidir, es el relativo a la objeción que hacen los partidos políticos a otra Resolución mediante la cual el organismo pide el cese de la publicidad televisiva hasta tanto se haga la Proclama Electoral.

EL ROSARIO DE CUENTAS

Desde antes de ser conformada la actual JCE por el Senado de la República, ya se conocían rumores sobre la supuesta negativa de la doctora Aura Celeste Fernández a ser miembro de la misma si no se excluía al doctor Roberto Rosario, entonces juez titular de la Cámara Contenciosa por recomendación del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

La designación del magistrado Eddy Olivares también creó un conato de crisis durante la elección de los miembros de la JCE, por diferencias a lo interno del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) que lo postuló, y que otros decían que fue a Rafael Díaz Filpo, a quien el Senado nombró como Suplente, lo cual no aceptó.

Superados esos y otros percances y ya instalada la nueva JCE, en noviembre del 2006, el entonces secretario general de la JCE, doctor Antonio Lockward Artiles, acusó públicamente al actual presidente de la Cámara Administrativa, doctor Roberto Rosario, de supuestas irregularidades que habría en la contratación del Consorcio Soluciones Modernas (SOMO) para el proyecto de automatización de los registros Civil y Electoral.

En los meses de enero y febrero del 2007 la JCE se mantuvo en la palestra pública tras las denuncias hechas por la doctora Fernández sobre el supuesto “nepotismo” existente en el organismo y la “inconstitucionalidad” del sistema de pensiones, y la “ilegalidad” del incentivo salarial que cobraban los jueces.

La doctora Fernández fue además la propulsora de un proyecto de Reglamento que quitaría poderes a la Cámara Administrativa, y que creó una de las crisis más profundas a lo interno de la Junta en el 2007.

Principales logros de la JCE en el 2007

Rescate y automatización de las Oficialías del Registro del Estado Civil.

Implementación del Libro de Extranjería.

Apertura de Centros de Servicios Automatizados Regionales y en la Capital.

Instalación de Delegaciones de Oficialías Civiles en los centros de Maternidad.

Puesta en funcionamiento de Unidades de Declaraciones tardías.

Profesionalización y fijación de salarios para los funcionarios y demás personal que labora en las Oficialías del Estado Civil.

Fijación de tarifas para la expedición de loa actas del Estado Civil.

Puesta en ejecución del Reglamento para la Fiscalización y Supervisión de las Asambleas y Convenciones de los partidos políticos.

Ampliación de los servicios que ofrece la JCE a los dominicanos residentes en el exterior.

Traslados de Oficialías del Estado Civil y Juntas Electorales que operaban en lugares inapropiados.

Establecimiento de modernos controles para evitar las suplantaciones.

Gratuidad de algunos servicios.

Instalación de “counters” de información en los aeropuertos.