Leonel plantea requisitos para la auditoría forense; insiste veedores

El expresidente Leonel Fernández insistió en que se incorporen veedores internacionales a la auditoría forense que se realizará a los equipos del voto automatizado usado en las primarias del seis de octubre, así como varios requisitos a esa investigación técnica.

En una instancia depositada ayer en la Junta Central Electoral (JCE) pidió que sean verificadas la no alteración de las máquinas de votación y que se seleccione aleatoriamente (no por la JCE) al menos un 5% de las máquinas de votación y realizar un copiado completo del estado final del disco y el BIOS (placa base de la PC) a ser entregado a los auditores.

Para esta muestra, plantea que se debe construir una réplica en una máquina nueva idéntica, basado en el código fuente entregado a los auditores e instalando desde cero las versiones de cada software auxiliar de tercera parte usado.

Realizar en cada una de las máquinas un análisis forense de accesos, permisos, archivos borrados, alterados y agregados, incluyendo firma, tamaño y hora.

Asimismo que se entregue a los auditores el repositorio de versión completa del código fuente en todas las etapas de la votación, incluyendo las máquinas.

La instancia fue sometida por Fernando Fernández, Rubén Maldonado y Manuel Fermín Cabral, representantes de Fernández, quien alega hubo fraude en su contra.

Transmisión. Para verificar la transmisión fidedigna de datos, en la instancia se plantea que en la muestra de máquinas seleccionadas, se debe extraer todos los registros y cotejar, en los casos que se pueda, con la metadata de las prestadoras de comunicaciones.

Igualmente verificar cualquier acceso e intento a las máquinas y si en alguna están borrados, se considere no válida para la auditoría.

Que se audite los datos base de votación para todas las mesas y niveles de elecciones a fin de que se verifique que producen los mismos resultados.

Asimismo que una vez concluida la auditoría, se entreguen a todos los interesados copias de los datos en crudo, incluyendo todos los materiales usados para arribar a las conclusiones.

Otra petición es que se verifique la correlación de las firmas inscritas del padrón de concurrentes y de las actas de las mesas electorales mediante la experticia caligráfica correspondiente a una muestra seleccionada por los auditores.

También que se determine que el flujo de votación cumplió el paso a paso desde el nivel de partido, presidente, senador, diputado, alcalde, regidor, director municipal y vocal.

En cuanto al sistema de telecomunicaciones que se verifique la red de datos y equipos dentro de ella, arquitectura y protocolo de comunicación, conectividad, equipos activos y localidades, registros de conexiones y flujo de datos.

Además medios de comunicación, geolocalización de las remisiones de datos a través de dispositivos móviles y transmisiones por cada dispositivo para detectar posibles intromisiones.

Agrega que se verifiquen los sistemas de seguridad electrónica o sistema de acceso físico o virtuales hacia áreas sensibles.

Que se certifique las horas de impresión de todas las actas de votación de cada mesa, tanto de cada hora como de resultados.

Pliego. Fernández plantea como parte del pliego de condiciones para contratar a la empresa auditora, que evidencie experiencia en países similares a la República Dominicana y volumen del padrón de la JCE; cumplir varios estándares y capacidad para identificar errores en el sistema.

En cuanto a la comisión de veedores que esté integrada por representantes de la OEA, la Unión Europea y la Embajada de Estados Unidos.

Irreverente. En la instancia Fernández considera que el presidente de la JCE, Julio César Castaños, se ha referido de forma festiva e irreverente a sus requerimientos , por lo que se demanda objetividad, imparcialidad e independencia para mayor transparencia del proceso.

Displicente

Fernández subraya que algunos de estos pedidos se habían hecho anteriormente y no tuvieron respuestas de la JCE, a cuyo presidente acusa de displicente. Dice que la idea es que los auditores puedan levantar evidencias que permitan la comprobación de irregularidades denunciadas y sus consecuencias legales.