Ministerio organizaría sistema de justicia dominicana

Con el voto disidente de los legisladores de la Fuerza del Pueblo (FP) la Cámara de Diputados (CD) aprobó en dos lecturas consecutivas, el proyecto de Ley Orgánica que crea el Ministerio de Justicia (MJ) con el objetivo de organizar el sistema de justicia dominicana, el cual vuelve al Senado debido a que sufrió algunas modificaciones.

El proyecto tiene como proponentes a los senadores Cristóbal Venerado Antonio Castillo Liriano y Félix Ramón Bautista Rosario, en uno de sus considerando, ve necesario delimitar las atribuciones de persecución criminal, naturales al Ministerio Público, de ciertos servicios meramente funcionales y administrativos.

Entre esos servicios cita: la gestión del sistema penitenciario, deja en poder del MJ el registro y certificación de documentos oficiales y notariales, prestación de ciertos servicios a la ciudadanía y asociaciones sin fines de lucro.

La Comisión Permanente de Justicia, que preside el diputado Wandy Batista, apoderada para el estudio del proyecto, decidió presentar al Pleno de la CD un informe favorable con modificaciones y, a la vez, recomendar el voto positivo para su aprobación.

Tomó en cuenta que la República Dominicana constituye un Estado Social y Democrático de Derecho, lo cual, en materia de justicia, implica la concepción y ejecución de normas y políticas públicas orientadas a fortalecer el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las personas en el marco del sistema de justicia.

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Señaló que el Ministerio de Justicia formó parte de la estructura estatal dominicana durante los primeros 120 años de la República, con breves períodos de interrupción, desde la proclamación de la Constitución de San Cristóbal, el 6 de noviembre de 1844, hasta la promulgación de la Ley 485, del 1 0 de noviembre de 1964, que suprime la Secretaría de Estado de Justicia y pasa sus atribuciones a la Procuraduría General de la República (PGR).

Este MJ se crea como órgano de planificación, dirección, coordinación y ejecución, según corresponda, de las atribuciones delegadas por la Constitución y las leyes al Poder Ejecutivo para la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad.

También la colaboración funcional y administrativa al Sistema de Justicia, la representación judicial y extrajudicial del Estado y de la Administración Pública.