Ministra Interior denuncia empresas al margen de la ley
Faride Raful, ministra de Interior y Policía, está preocupada por la regulación de la seguridad privada.
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, considera peligrosa la informalidad que invade el sector de la seguridad privada con los denominados guachimanes, debido a que constituye un peligro para los ciudadanos, comunidad y que la práctica opera al margen de la ley, carece de controles y socava los esfuerzos del Estado por profesionalizar la seguridad.
Afirma esa informalidad representa una grave distorsión y un riesgo significativo, porque son personas con precaria formación y sin supervisión que, en muchos casos, portan armas de fuego.
Asegura que Interior y Policía (MIP), como ministerio rector del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, ejecuta una estrategia integral para fortalecer la seguridad privada, reconociéndola como un subsistema complementario, bajo el mandato del Decreto 645-21.
La funcionaria admite que aprecia que cada vez más agentes de seguridad privada incurren en conflictos con ciudadanos y utilizan sus armas de fuego para dirimir situaciones de ira del personal de seguridad privada es un factor crítico y que “los incidentes reportados evidencian una brecha que requiere una capacitación continua estandarizada, con el objeto de elevar los estándares de actuación en todo el subsistema”.
En respuesta a la entrevista de Hoy, la abogada y exsenadora del Distrito Nacional explica que en el país operan 341 empresas de seguridad privada debidamente certificadas, de acuerdo con el registro oficial de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (SVSP).
Indicó que las acciones que ejecutan son concretas, destinadas a integrar a las empresas de seguridad privadas, como operativos del Sinsec, con el objetivo de formalizar la inclusión y así establecer canales de interoperabilidad con los centros de mando de la Policía Nacional, para un flujo bidireccional de información.
Explica que el proyecto piloto de integración para ser desarrollado en el Distrito Nacional, valida protocolos de comunicación y sistemas de alerta temprana entre los centros de seguridad privada y la Policía Nacional. Establece controles para reforzar las capacidades de fiscalización de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, mediante un programa de inspecciones sistematizadas y el robustecimiento del mecanismo sancionador.
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